El Gobierno mantiene el plan B para garantizar la españolidad de Abertis

«Dado que la titularidad de las autopistas es de España, los contratos de concesión ya contemplan que, en caso de absorción o cambio accionarial, el Gobierno debe informar de la situación y autorizar la transmisión », explicó De la Serna y detalló que, en estos casos, primará «siempre en el interés general de los españoles». Informes elaborados por los despachos de abogados contratados por los fondos sondeados para apoyar la operación, no obstante, ponen en duda la viabilidad de esta medida. «Resultará muy difícil cancelar las concesiones de las autopistas porque Atlantia satisface los dos criterios principales: en primer lugar, se trata de una firma solvente y, en segundo, dispone de experiencia acreditada en el sector», explican.

El Ejecutivo, asimismo, ha recalcado el carácter estratégico de Hispasat para los intereses españoles y ha recordado que el Consejo de Ministros debe pronunciarse sobre un cambio de titularidad en la composición de su accionariado. Atlantia ya ha mostrado su disposición a deshacerse de su participación en el operador español de satélites si así lo determina el Gobierno español.

Mientras tanto, las diferencias sobre la rentabilidad de la operación se sitúan como el elemento central por el que diversos fondos de inversión se están mostrando dubitativos ante la contraopa que se dispone a lanzar ACS sobre Abertis. Como ABC apuntó ayer, algunos de estos potenciales inversores, como la británica TCI, ha descartado su participación.

Superar la oferta de la italiana (valorada en 16.341 millones) obligaría a ACS y al resto de sus socios a desembolsar cerca de 17.000 millones y asumir la deuda neta de Abertis, de más de 15.000 millones de euros. Fuentes de los fondos sondeados (entre los que se encuentran KKR, CVC y Macquarie) recalcan que, si la compañía española se decantara por hacerlo mediante una sociedad externa (SPV), la operación requeriría un endeudamiento próximo a los 5.000 o 6.000 millones de euros (a razón de un coste de la deuda asumible, en un entorno del 5%) y, por tanto, debería complementarse con un volumen de fondos propios cercano a los 11.000 millones. Es decir, este procedimiento exigiría una cantidad notable de recursos a los futuros socios del SPV. Según los cálculos de los inversores, esto se traduciría, por tanto, en un retorno de la inversión de alrededor del 10%. Las entidades que asesoran a ACS en la operación, sin embargo, insisten en que se puede mejorar hasta el 20%.

Mientras tanto, si la opa se formaliza a través de Hochtief el nivel del coste de la deuda resultaría inferior (cercano al 3%), pero obligaría a cambiar el foco sobre el tipo de inversor que se busca, ya que diversos fondos entienden que el de la «constructora es un negocio diferente» y declinan exponerse a él. Por ello, los asesores potenciaron en las últimas semanas los contactos con fondos soberanos y de pensiones, de perfil financiero.