El Gobierno hunde la inversión y dispara el gasto corriente un 34% en lo que va de año

La ejecución presupuestaria acumulada por el Gobierno central entre enero y octubre arroja datos preocupantes. Por ejemplo, que mientras las inversiones se reducen en un 9,2% respecto al mismo periodo del año pasado, el gasto corriente en bienes y servicios se dispara un 34,5% y los costes de personal crecen a un ritmo superior al 5%. Traducido a euros: hasta el 31 de octubre el Gobierno llevaba invertidos 763 millones menos que en el mismo periodo de 2018, pero se había gastado casi 670 millones más en sueldos y 700 millones más en gasto corriente de bienes y servicios consumidos por la Administración.

Con el déficit público sobrepasado respecto a las previsiones del propio Gobierno, y con una economía enfangada en una peligrosa ralentización que está haciendo crecer el paro, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está apostando por engordar el gasto estructural y sacrificar las inversiones. Y eso pese a que la izquierda ha apostado tradicionalmente por las recetas keynesianas tendentes a reforzar las inversiones como política económica anticíclica, para inyectar actividad en coyunturas de bajo crecimiento o recesión.

A lo largo de 2019 no solo se ha recortado la inversión del Estado sino que ha caído hasta situarse en niveles de mínimos, mientras el Ejecutivo sigue instalado en la provisionalidad y gobierna con los presupuestos que le dejó Mariano Rajoy, preparados en un contexto económico muy distinto al actual.

En 2017, la inversión del Estado creció un 17,58% respecto a 2016; en 2018, pese a la inestabilidad política, a la moción de censura y al consiguiente cambio de Gobierno, las inversiones del Estado crecieron otro 3,8% respecto a 2018. Este 2019, sin embargo, han acumulado una merma del 9,2% hasta el 31 de octubre, según el cómputo de obligaciones de pagos certificadas por la Intervención General del Estado.

A expensas del resultado final que arroje 2019, lo cierto es que cualquier merma de la cifra de inversiones hará que llueva sobre mojado. Y, en este particular, los números ya andan empapados: en 2018, pese al repunte que se había producido en los 24 meses previos, las inversiones del Estado representaron el 4,52% del gasto presupuestario total. Es una tasa tremendamente alejada de la media del 9% que se dio entre los años 2002 y 2010, y similar a la que se registró en 2012 y 2013, cuando el Gobierno de Rajoy tuvo que podar urgentemente el gasto público. Le resultó imprescindible para esquivar el precipicio al que se asomaban las arcas del Estado a raíz de la crisis y de las fallidas políticas que había desplegado el Gobierno de Zapatero, que no consiguieron paliar la crisis, pero dispararon el déficit y la deuda.

Un botón muestra de esto último fue el controvertido Plan E, que disparó las cifras de inversión pública en aquella etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero para un rosario de obras locales en las que abundaron las de dudosa o nula utilidad económica.

Ahora, la dinámica de aumento del gasto estructural y reducción de las inversiones tampoco es una buena receta, según advierte el economista José Ramón Pin, profesor del IESE. Y no lo es porque, además, el déficit público sigue siendo alto y el Gobierno no es capaz de controlarlo y de cumplir con el objetivo que se había marcado. «Se está generando déficit a base de aumentar el gasto corriente y en sueldos, y a pesar de que se recortan las inversiones, que son las que, bien gestionadas, generan empleo y riqueza a largo plazo», indica este experto.

«Si inviertes en carreteras, en puertos, en edificios, en I+D... todo eso crea riqueza, porque genera empleo durante su ejecución y permite crear unas infraestructuras que favorecen la actividad productiva a futuro; pero ahora se está primando el gasto corriente y el de personal, como consecuencia de medidas inmediatas, a corto plazo, que responden al objetivo de este Gobierno de mantenerse en el poder como sea», afirma José Ramón Pin.

Pero este economista apunta otro motivo más del retroceso de la inversión estatal: «Además de que prefiere aumentar el gasto corriente y el de personal en vez de invertir, también es cierto que un Gobierno en funciones y con presupuesto prorrogado está maniatado para afrontar inversiones a medio y largo plazo». Además, esos proyectos exigen poner en marcha una maquinaria administrativa que tampoco se ve favorecida por un Ejecutivo instalado en la provisionalidad.

El problema es que sacrificar las inversiones para engordar costes estructurales como el gasto de personal no solo es preocupante para el presente sino peligroso a futuro. Sus consecuencias se extienden en el tiempo: es fácil aumentar las plantillas, pero muy complicado recortarlas, advierte Pin. Lo ocurrido en el sector público español durante la crisis 2008-2014 da fe de ello. «El capítulo presupuestario de personal es muy difícil bajarlo, es muy rígido a corto plazo», advierte José Ramón Pin.