Subir pensiones y el sueldo a los funcionarios en 2020 costará 4.668 millones

El acuerdo salarial sellado con los sindicatos recogía para 2020 un 2 % de alza fija, más el 0,3 % de los fondos adicionales, a lo que podría sumarse hasta un 1 % adicional si el incremento del PIB es del 2,5 % o superior, lo que de lograrse elevaría el coste a 4.575 millones. Las previsiones del Gobierno son que el PIB suba un 2,1 % el próximo año por lo que, de cumplirse, el variable vinculado al crecimiento económico se reduciría a un 0,2 % adicional.

En el documento, el Gobierno explica que aunque se trata de un borrador elaborado con las restricciones que conlleva estar en funciones, "hay determinadas medidas de gasto sobre las que existe un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas y que se llevarán a cabo en cualquier escenario". Se trata "del incremento retributivo de los empleados públicos y de la revalorización de las pensiones", añade.

En cuanto a la revalorización de las pensiones, el Gobierno explica que se realizará basándose en el IPC de finales de este año que, dada la evolución de los precios en la actualidad y las previsiones para este último trimestre del año, será del 0,9 %. En el documento no se detalla el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020, ni su impacto en las arcas del Estado.Otra de las partidas de gasto incluidas para 2020 es la derivada de la ampliación del permiso de paternidad de 8 a 12 semanas y que cifra en 336 millones.

La recuperación del subsidio para mayores de 52 años (respecto a los 55 previos) supondrá un incremento del gasto de 400 millones de euros, pero un aumento también de los ingresos por cotizaciones de dichas prestaciones de 200 millones. En lo concerniente a la evolución de las cotizaciones sociales, se prevé que en 2020 no registren una evolución tan dinámica como en 2019, fundamentalmente porque se consolida el incremento de este año pero no generará ingresos adicionales. En todo caso, el plan presupuestario prevé una ligera desaceleración en la creación de empleo, compatible con el incremento proyectado de los ingresos por cotizaciones.

El Gobierno contempla reorganizar los incentivos a la contratación existentes, que podría llegar a tener un impacto anual de 500 millones de euros desde 2020, lo que repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.