El Gobierno excluye a patronal y sindicatos del órgano de control de la formación

Esta patronal informa que el pasado 12 de mayo ese patronato aprobó un texto de convocatoria de ayudas para la formación que, sin embargo, hoy «ha sido unilateralmente modificado por el Gobierno sin respetar el acuerdo , lo que ha ocasionado que las organizaciones empresariales, sindicales y la mayoría de las comunidades autónomas se hayan desvinculado» de una convocatoria que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros las próximas semanas.

«Esta decisión de expulsar a patronal y sindicatos de dichos órganos no se ajusta a derecho ya que, no sólo contraviene el convenio 88 de la OIT sobre la obligación de consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo, sino que además, es contraria a reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional», denuncia la CEOE en un comunicado.

Hay que recordar que la formación ha sido históricamente una materia estratégica para la competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajadores, desarrollada en el marco del diálogo social mediante los sucesivos acuerdos que desde 1992 se han firmado con los diferentes gobiernos.

La patronal afirma que esta nueva medida del Gobierno justifica, aún más si cabe, «la discrepancia que siempre han manifestado las organizaciones empresariales respecto a la vigente reforma del modelo de formación, y que ha consolidado un sistema claramente intervencionista, politizado, burocrático, poco transparente en cuanto al destino de los fondos y muy alejado de las necesidades empresariales».

Las empresas y los trabajadores son quienes financian el sistema mediante la cotización de la cuota de formación profesional , «cuyos fondos deberían tener un único fin: su formación. Por ello, deben ser considerados como los auténticos protagonistas del modelo, máxime cuando son los principales conocedores de las necesidades formativas, en constante evolución, del tejido productivo».

Por último, las organizaciones empresariales, tras el balance negativo del primer año de vigencia de la ley de Formación, «consideran urgente su modificación» .

Por su parte, UGT ha anunciado también que recurrirá la exclusión de los interlocutores sociales y «emprenderá las acciones legales oportunas porque el Gobierno vulnera la legalidad y rompe de forma unilateral el consenso alcanzado en la formación profesional».