El Gobierno aprueba ayudas directas que tardarán mínimo mes y medio más

El Gobierno se ha dado un plazo de «un mes y diez días» para hacer el traspaso de los fondos a las comunidades autónomas, quienes pondrán en marcha el resto del proceso y se encargarán de que las ayudas lleguen a las cuentas corrientes de los afectados. Y aquí es donde entran en juego los medios de la administración autonómica, en algunos casos analógica prácticamente en su totalidad. Para la vicepresidenta, Nadia Calviño, este proceso se resolverá «lo antes posible».

Junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Calviño explicó ayer que el nuevo plan de estímulos de 11.000 millones cuenta con un fondo de ayudas directas de 7.000 millones, de los que 2.000 millones serán solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por su mayor dependencia del turismo, según los cálculos del Ejecutivo de coalición.

Los otros 5.000 millones irán al resto de comunidades autónomas y su reparto se establecerá, según avanzaba la ministra de Hacienda, en base a los mismos criterios seguidos para la distribución del fondo europeo ‘React EU’, esto es, el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, el impacto en el desempleo y en el desempleo juvenil. Unos criterios que ya generaron críticas entre las comunidades, especialmente por parte de Madrid, que acusó al Ejecutivo de «arbitrariedad». Las métricas de estas cuantías se actualizarán a fecha de diciembre pasado, pero la polémica parece servida.

Además de llegar más tarde, el esquema de ayudas español es más pobre que en nuestros vecinos europeos. Las comunidades autónomas podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas. Los autónomos que tributan en el sistema de módulos recibirán 3.000 euros fijos . Mientras que para las empresas y autónomos que tributan por el criterio de estimación objetiva serán de entre 4.000 y 200.000 euros, importes que podrán aumentar los gobiernos de Canarias y Baleares, aunque todo ello se hará dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Las comunidades tendrán algo de margen para modular estas ayudas aunque únicamente en el caso de Canarias y Baleares podrán superar los topes fijados. Para el cribado, contarán con la ayuda de la Agencia Tributaria, que trabaja en una herramienta a través de la que informará a las regiones de si la empresa solicitante de la ayuda cumple con los requisitos de acceso. Precisamente es en la gestión y comprobación de las cientos de miles de solicitudes que se esperan donde se temen los mayores cuellos de botella.

Para acceder a estas ayudas habrá que cumplir unos requisitos, pero el ingreso implica también el respeto de unas condiciones. Según Calviño, a las ayudas podrán acceder empresas con caídas de al menos el 30% de la facturación y se podrán dedicar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros gastos con acreedores financieros y no financieros. Pero únicamente las pymes y autónomos de 100 actividades económicas, que incluyen las que actualmente pueden acceder a los ERTE Covid, aunque contempla también algunas nuevas. La recepción de las ayudas implicará que las empresas deberán mantenerse activas hasta el 30 de junio de 2022 y que no podrán ni repartir dividendos ni subir sueldos de su alta dirección en un plazo de dos años.

Junto a las ayudas directas, el plan incluye una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para aumentar los plazos de los avales y su importe. También se permitirá convertir los créditos en préstamos participativos y, como último recurso, dar transferencias directas a pymes y autónomos que permitan reducir el capital principal. Para coordinar estas actuaciones entre entitades, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas con el sector bancario, en línea con el que hay ya para la concesión de las hipotecas.

La tercera pata del programa será el fondo de recapitalización de 1.000 millones, que será gestionado por Cofides y que complementa al fondo SEPI de 10.000 millones para grandes empresas. Dependiente del ministerio de Industria, el de Cofides se destinará a reforzar el balance de empresas más pequeñas. Además, se ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria concursal y se ha ampliado hasta abril de este año el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin que se cobren intereses de demora.

En el mundo empresarial se palpaba ayer una alegría contenida por las ayudas, a la espera de ver si llegarán a tiempo. Así se manifestaron desde organizaciones del sector turístico -quienes pese a celebrar la aprobación tildaron la cuantía de insuficiente-, Cepyme -que reclamó una tramitación «ágil y de fácil accesibilidad»-, o incluso las empresas de gran consumo. Calviño, sin embargo, aseveró ayer que el Gobierno «se está adelantando» a las circunstancias con estas medidas. Pero el éxito o fracaso del plan se medirá en los próximos meses. Como ocurre en las entregas de las compras online, en la última milla se disputa la satisfacción del cliente. Pero ahora lo que está en juego son miles de empresas.