Los ganaderos afectados por el cártel de la leche tienen derecho a reclamar una indemnización

Desde Redi abogados afirman que dicha resolución sancionadora va más allá de probar la existencia de conductas prohibidas, destacando el «impacto negativo que la infracción del derecho de la competencia ha supuesto para el sector ganadero».

El sector ha estado «muy condicionado hasta el año 2015 por la existencia de una cuota láctea que limitaba su producción y que podía provocar su pérdida, en caso de no alcanzar el 85%», apuntan.

Las prácticas ilícitas consistían en el intercambio de información sobre precios de compra y volúmenes de excedentes de leche cruda de vaca con el objetivo de hacerse con el control del mercado de aprovisionamiento, fijando un límite en la competencia y «mermando la libertad» de los ganaderos para fijar el precio de su producto.

De este modo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de estos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.

Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.

Algunas de las empresas multadas fueron Capsa (Central Lechera Asturiana o Larsa), con una multa de 21,8 millones de euros; Danone, con una multa de 20,2 millones de euros; Lactalis Iberia, con 11,6 millones de euros; Industrias Lácteas de Granada y Calidad Pascual, que deberán pagar 10,2 millones y 8,5 millones, respectivamente; seguidas de Nestlé, con una multa de 6,8 millones de euros y Schreiber Food España, con 924.644 euros de multa.