El fondo para empresas estratégicas del Gobierno, camino del año con solo el 10% de su capital repartido

Pero por el momento, 986 millones. Esa es la cifra que permanece congelada desde el 16 de marzo y que el fondo ha dispuesto a Air Europa (475 millones), Ávoris (320), Duro Felguera (120) y Plus Ultra (53). Esta última, desencadenante del parón del organismo, según relataron fuentes de la propia entidad a ABC y confirmó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero , al reconocer la semana pasada que hay funcionarios de la SEPI que se niegan a firmar expedientes de empresas solicitantes por temor a que los casos se judicialicen como ha ocurrido con la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, con casos abiertos en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas .

Una situación que también denunciaron los empresarios, en boca del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi . «No puede ser que estas ayudas estén paralizadas por causas externas al mundo empresarial», alertó el miércoles durante la asamblea de su patronal. Porque la situación deja en el precipicio a una larga lista de empresas, sin distinguir sectores, a las que se les agota la liquidez y la paciencia. A saber, la siderúrgica Celsa (pide 700 millones); Abengoa (249) o Tubos Reunidos (115) ; los más de 300 millones que piden las hoteleras Hotusa (200), Hesperia (55), Room Mate (52) y Soho (32). Así como otras grandes compañías turísticas como Wamos (75 millones ), la aerolínea Air Nostrum (103) o el grupo de transportes turísticos Juliá (37). Todas ahora dependientes de un fondo para empresas estratégicas que el próximo sábado cumplirá un año desde su anuncio dejando dudas en empresarios y oposición.

Así las cosas, el 3 de julio de 2020 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros extraordinario la puesta en marcha del fondo para empresas estratégicas -definitivamente establecido el 21 de julio del mismo mes- como uno de sus mecanismos estrella dentro del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para la reconstrucción de la economía española tras el virus. Una medida apoyada por Bruselas en línea con la actuación que el resto de grandes economías de la UE estaban ya facilitando a sus compañías estratégicas y que los empresarios celebraron como bote salvavidas. Así, el Gobierno salvaría a las empresas a través de la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

Una misión en la que involucraba a la SEPI , el holding público que gestiona Hacienda con participación mayoritaria en 15 empresas ( Navantia, Correos ) y presente en el accionariado de grandes cotizadas como Indra y Enagás , «que se encargaría del análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución por el consejo gestor», según detalla la orden ministerial que da lugar al mecanismo. Un consejo gestor al que la empresa pública acudía descabezado, sin presidente desde octubre de 2019 por la dimisión de Vicente Fernández -tras la reapertura de la investigación de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, imputado como exsecretario general de Industria de la Junta de Andalucía-. Por lo que su segundo de a bordo, Bartolomé Lora , asumía el liderazgo de la mesa.

Tras un verano de concreciones y después de solventar el ‘anunciado’ rescate de Air Europa en noviembre, los expedientes de las empresas en crisis empezaban a desatarse, con una pandemia que se perpetuaba en su segunda ola. Pero todo seguía su curso, hasta que en marzo saltó el ‘escándalo’ de Plus Ultra y, el fondo de rescate empezó a cubrirse de tintes politicos. Para intentar resolver la polémica, la titular de Hacienda , Montero , nombró el 30 de marzo presidenta de la SEPI a Belen Gualda , hasta entonces titular de Navantia, y la entidad empezó a reordenar los procedimientos del fondo con el fin de evitar más casos como el de la aerolínea.

Entonces, como aseguraron fuentes empresariales y relató este periódico, algunos de los expedientes más avanzados fueron los que pagaron los platos rotos. «Cuando antes de la concesión a Plus Ultra te pedían un papel, ahora te piden treinta», detallaron a ABC fuentes cercanas a una empresa solicitante. ¿Resultado? Tres meses y medio sin rescates. Aunque, según los mismos informantes, el consejo gestor ya hace semanas que ha vuelto a reunirse para estudiar los casos empresariales y esperan que durante el mes de julio se reactive la firma de ayudas. Para empresas como Abengoa puede ser muy tarde: en mayo a duras penas pudieron cobrar sus 13,500 empleados. Algunos de ellos viajarán mañana a Madrid desde Sevilla para manifestarse ante la sede de la SEPI «donde entendemos que se está frenando y poniendo el riesgo el futuro de nuestros puestos de trabajo», explicaron desde el comité de trabajadores.