El Fisco español, entre los más voraces con el tejido empresarial

La avidez de la Hacienda española en este particular la ha puesto en evidencia el i nforme «Paying Taxes 2019», elaborado por la consultora PwC para el Banco Mundial. Es el último de una serie de estudios que, desde hace años, evalúan la presión fiscal. Lo hace tomando como referencia los impuestos obligatorios más relevantes, entre los que sobresalen el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones laborales a la Seguridad Social -o sus equivalentes en el resto de países-.

Según este informe de PwC, la Administración española se queda actualmente con el 47% de los rendimientos empresariales a través de su fiscalidad -incluyendo la cotizaciones sociales-. En Alemania alcanza el 49%, en Italia el 53,2% y en Francia el 60,5%. Sin embargo, la media de la Unión Europea es del 39,3%, prácticamente 17 puntos porcentuales menos que en España; en el Reino Unido no pasa del 30%; la media de los países de la OCDE ronda el 40% y en Estados Unidos no llega al 44%.

Hay que tener en cuenta que, en este estudio, ese porcentaje se calcula tras comparar la contribución fiscal con los beneficios empresariales. Por eso, que un país recaude más o menos no solo depende de la presión fiscal, sino también del músculo de su economía en cada momento, de los rendimientos de sus empresas e incluso de la mayor o menor eficacia de su administración fiscal. En cualquier caso, sirve de útil y reveladora aproximación para saber por donde anda la carga tributaria en unos y otros países. Desde ese punto de vista, el informe de PwC deja claro que, de entre los 190 países analizados, España se sitúa entre los que más gravan la actividad empresarial, prácticamente siete puntos por encima de la media mundial. Y destaca especialmente por el elevado coste de las cotizaciones laborales. Según revela el mismo informe, las tres cuartas partes de la fiscalidad que soportan las empresas son cotizaciones a la Seguridad Social, cuando en el conjunto del mundo -con una presión fiscal media sustancialmente menor que en España-, el esfuerzo se reparte por igual -al 50%- entre impuestos y cotizaciones sociales.

Esto revela, de entrada, que una parte significativa de esa mayor presión tributaria que se da en España se debe al nivel de cotizaciones que se exige a las empresas por los trabajadores que tienen contratados. Unas cotizaciones que recaen muy mayoritariamente sobre el contratante, mientras que la aportación salarial del trabajador a la Seguridad Social es minoritaria.

Los autores del estudio reconocen abiertamente que los datos ponen de manifiesto que las empresas soportan una carga tributaria excesiva, que eso no ayuda a la actividad económica y que, por tanto, entorpece la generación de empleo. «Las empresas soportan una fiscalidad muy elevada, en perjuicio de su competitividad», indica Alberto Monreal, socio de PwC especialista en el área fiscal y legal. Y resalta que «mientras la presión fiscal en España se mantiene muy cerca de la media de los países de la OCDE, la fiscalidad empresarial es más elevada». Este experto de PwC considera que «sería oportuno reconducir el actual balance entre empresas y familias -en esfuerzo tributario- y entre fiscalidad directa e indirecta» -en fiscalidad directa incluye cotizaciones sociales-.

Desde la patronal CEOE subrayan también la necesidad de rebajar la presión fiscal para favorecer la actividad empresarial, la generación de empleo y, a largo plazo, conformar un tejido productivo más grande, más sólido y más estable que le garantice al Estado unos ingresos suficientes. Es decir, favorecer el despegue de la actividad productiva con impuestos más bajos y, por esa vía, conseguir que haya más sujetos tributarios, en vez de aplicar impuestos altos que limitan la actividad y el tejido productivo.

El responsable del área fiscal de CEOE, Bernardo Soto, recuerda que la alta presión tributaria que soportan las empresas españolas es un problema que viene de lejos y que incluso ha sido más severo en años pasados. El informe de PwC viene a confirmar, de nuevo, que es falso «ese recurrente discurso que han desplegado gobiernos de distinto signo en los últimos años, que abonaba la idea de que en España hay una baja presión fiscal empresarial. Eso no es cierto, como pone de manifiesto este informe de PwC y como en su momento ya demostramos también a partir de los datos de la Agencia Tributaria y de Eurostat».

Soto incide especialmente en el elevado coste de las cotizaciones sociales que soportan las empresas y que acaba suponiendo no solo una sobrecarga tributaria sobre la actividad empresarial sino que, en la práctica, penaliza la contratación con una excesiva rigidez: ganen o pierdan las empresas, las contribuciones a la Seguridad Social son fijas, lo que hace que en momentos de crisis eso fuerce aún más a los negocios a reducir costes por la vía de los recortes de plantilla.

«Creo que hay un consenso general sobre que se debe cambiar el sistema; cómo se cambie es algo que está sujeto a discusión, pero parece claro que las cotizaciones sociales que soportan las empresas son muy altas y, al mismo tiempo, hay que revisar el sistema de la Seguridad Social para hacerlo sostenible a futuro», indica Bernardo Soto.

La CEOE considera que, de forma global, la fiscalidad empresarial ha de ir en España hacia «un sistema más neutro que no penalice la inversión productiva». Y advierte que ya «hemos llegado a un nivel de presión fiscal que está en el tope de lo admisible, de forma que si se incrementa provocará una clara pérdida de competitividad de las empresas españolas», con las negativas consecuencias que eso tendría en el agregado económico nacional y en términos de empleo.