ERC exprime la debilidad de Sánchez para romper la caja única de la Seguridad Social

Romper esta caja ha sido una vieja aspiración del nacionalismo vasco, que el pasado febrero, en plena precampaña electoral, y aprovechando también la debilidad de Sánchez, lograba cobrarse el apoyo a su investidura con el traspaso a País Vasco de la gestión económica de la Seguridad Social. Un precedente que ningún gobierno había afrontado antes por los riesgos que podría suponer fragmentar la Seguridad Social para la igualdad de todos los españoles. Eso sí el Ejecutivo se apresuró a decir que en ningún caso se rompería la caja única y que el traspaso, que aún debe materializarse, se estudiaría en el Pacto de Toledo .

El que sí lo plantea ahora abiertamente es ERC. Los independentistas dan un plazo de seis meses al Gobierno para que apruebe un nuevo sistema de las prestaciones y subsidios por desempleo, ahora pagados por el SEPE . Ellos gestionarían el proceso de principio a fin, reconocimiento, gestión y pago.

Así figura en una de las 3.793 enmiendas registradas por los distintos grupos a los Presupuestos para 2021. Pese a las reticencias iniciales mostradas tanto por ERC como por EH Bildu a desvelar la letra pequeña de sus iniciativas, el Congreso dejó ayer a la luz pública la literalidad de su contenido. De las más de 320 enmiendas parciales presentadas por los nacionalistas catalanes, la más llamativa por su significado político es la exigencia de romper la caja única de la Seguridad Social, con el «traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo a la Generalitat».

ERC desgrana su hoja de ruta. «El sistema consistirá en el traspaso de competencias en políticas pasivas de empleo, prestaciones y subsidios de desempleo a la Generalitat de forma que dicha administración gestionará de forma integral las políticas de ocupación» en Cataluña.

El grupo catalán es ambicioso y exige también que el traspaso incluya, como mínimo, la organización y administración de los servicios, la gestión del reconocimiento a recibir prestaciones, el traspaso de infraestructuras, incluyendo los bienes muebles e inmuebles, la financiación de las obligaciones y el control y procesamiento de los datos. Los nacionalistas remarcan que se incluirá la transferencia de todos los recursos materiales y humanos del SEPE «junto con la dotación presupuestaria de plantillas y sistemas para llevarlos a cabo».

El otro de los socios clave del Gobierno, EH Bildu , también busca marcar la orientación al Ejecutivo en cuestiones económicas clave. En una de las 29 enmiendas presentadas da también un plazo de seis meses al Ejecutivo para que ponga en marcha una nueva ley de vivienda que limite el precio de los alquileres y, además, incluya un parque público con viviendas procedentes de entidades bancarias rescatadas, actualmente en manos del FROB .

Otras iniciativas de los abertzales son reforzar la protección de los deudores hipotecarios durante 11 años y ampliar los porcentajes en la tasa de reposición de empleo público, así como disminuir la temporalidad, fijando en tres años el periodo en el que un empleado público debe pasar a ser fijo. EH Bildu exige mejorar las jubilaciones a los policías locales de Euskadi y para el cuerpo de Policía de la comunidad foral de Navarra y para estos últimos favorecer la jubilación voluntaria de los cuerpos docentes, para igualarlas a los funcionarios de clases pasivas, pese a que esta es una categoría en extinción.

En línea con lo reclamado por el PNV , se incluye una batería de inversiones para el País Vasco y se reclama una transferencia de 30 millones para infraestructuras ferroviarias y otra de 48 millones para el tren de cercanías de San Sebastián.