Los expertos instan al Gobierno a subir las pensiones y el sueldos de funcionarios por debajo del IPC

Así, lo advierte el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente , en el estudio sobre 'Efectos económicos de la invasión de Ucrania y primeras medidas para mitigar sus efectos' en el que recomienda que se modere tanto la subida de las pensiones prevista para 2023 -en principio se producirá con el IPC medio de este año, un 7,5% según las previsiones del Banco de España- como la del sueldo de los funcionarios.

«Si las subidas son fuertes y continuadas, la pugna por trasladarlas a terceros puede generar una espiral inflacionista de precios y salarios que terminará siendo perjudicial para todos sin revertir la pérdida de renta», señala De la Fuente apuntando al origen del aumento de precios en el encarecimiento de las importaciones, que se traslada progresivamente a los sucesivos eslabones de la cadena de suministro.

En este punto, cabe recordar que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , se ha preocupado en las últimas semanas de censurar esta posibilidad de que los pensionistas entrasen en el pacto de rentas con una subida más moderada de las pagas que no alcance es 7,5%, lo que llevaría la factura de la revalorización del año próximo hasta los 10.200 millones de euros.

«Los pensionistas tienen asegurado el poder adquisitivo ya indefinidamente», señalaba el ministro Escrivá durante una entrevista reciente en TVE añadiendo que «no podemos estar reevaluando cada mes, o cada tres meses. Se hará una vez el año y será en noviembre de este año. Con la inflación media acumulada se actualizarán las pensiones de todos», tal y como prevé la reforma legal introducida desde enero de 2022.

Sin duda, la acometida merita un estudio de impacto sobre los Presupuestos Generales del Estado . La partida para las pensiones alcanza un envergadura de 150.000 millones de euros que se destinan al pago de prestaciones, lo que se traduce en un 12% del PIB anual de España. El coste de las revalorizaciones, tal y como advierten los organismos oficiales podría llevar el déficit de la Seguridad Social hasta los 60.000 millones de euros en 2050, momento de mayor tensión financiera para el sistema por las presión de las jubilaciones correspondientes a la generación del 'baby boom'.

Junto con la partida de los sueldo de funcionarios, que en el conjunto de las estructuras del Estado asciende a 140.000 millones de euros, los pensionistas y los trabajadores de la administración consumen casi 300.000 millones de euros del Presupuesto. El profesor de Finanzas en el CEF, Juan Fernando Robles , advierte al respecto de que «se trata de una elevada carga para el contribuyente», que más allá comporta riesgos económicos en el medio plazo, más aún si continúa la senda de sobredimensionamiento de la estructura del Estado. Solo la subida prevista del 2% para 2022 del sueldo de los funcionarios le costará a las arcas públicas unos 3.000 millones de euros.

Para la Fundación , sería necesario mantener el crecimiento de los salarios y las pensiones -con la posible excepción de las mínimas- por debajo de la inflación general y sugiere tomar como referencia la inflación subyacente , o el resultado de restar de la inflación general el shock de precios a la importación acumulado durante el último año.

«Los detalles del diseño e implementación de un acuerdo de estas características serían complicados y es prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal para cortar la inflación en seco», reconoce en el informe al tiempo que alerta de que la ausencia de un pacto tendría consecuencias «mucho peores», ya que haría más probable una cronificación de la inflación que reduciría la competitividad internacional y el valor real de buena parte de los ahorros.