Estos son los impuestos que planea subir el Gobierno de aquí a 2024

Para recibir los fondos europeos , el ejecutivo elaborará a partir de un informe del comité de expertos una reforma fiscal que afectará, entre otros, a los impuestos del diésel, al impuesto de sociedades o a los peajes.

Aunque la ficha sobre fiscalidad no habla específicamente de una subida del impuesto al diésel si se dice lo siguiente: «Revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante». Es decir, se plantea reajustar las bonificaciones a los combustibles. La del diésel sobre la gasolina es la más importante de todas ellas. Recordemos que el Ministerio de Hacienda ya intentó impulsar una subida de este impuesto con los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero tuvo que retractarse por petición del PNV.

Se prevé que se lleve a cabo un incremento impositivo por plásticos que comenzará a mediados de 2021 y que se produzca un gravamen al depósito de residuos en vertederos o incineración .

Será en el tercer trimestre cuando entren en vigor ambas figuras. Debido a su tardía tramitación, la Autoridad Fiscal ya advirtió que ambos tributos recaudarían apenas una cuarta parte de lo que preveía Hacienda en los presupuestos: 98 millones e impuesto al plástico (frente a los 491 estimados en las cuentas) y 215 el de residuos (que contrasta con los 861 pronosticados en un inicio).

A partir de 2024 el Gobierno pretende establecer un pago por uso y compensación por la externalidad negativa que supone la contaminación en todas las autovías españolas . Con esta medida se busca «garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del 'stock' de infraestructuras con el que está dotado nuestro país».

No se han confirmado detalles de las tasas que se cobrarán, pero lo que sí ha confirmado el Gobierno es que la ley de movilidad y financiación que regulará los peajes se aprobará durante el segundo semestre del año 2023.

El Gobierno asegura que revisará el impuesto de matriculación para adaptarlo a los estándares medioambientales , para lo cual deben terminar algunos beneficios fiscales que existen en España para vehículos contaminantes.

A día de hoy son las comunidades autónomas las que regulan el impuesto de matriculación, que gravan entre un 4,75 % y un 14,75 % la compra de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de CO2 por kilómetro.

Otro de los compromisis del gobierno es el de «revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores». Antes de la pandemia el Ejecutivo central ya publicó un proyecto para crear un impuesto a los billetes de avión , que se interrumpió debido a la situación epidemiológica.

El Gobierno central eliminará los beneficios fiscales en el impuesto sobre el IRPF para estimular el ahorro. En su lugar, el Ejecutivo ha prometido a Bruselas su sustitución por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones de empleo. «Se desplazará la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva», desgrana el componente 30, sin dar más detalles.

El Gobierno propone la «adecuación de las bases máximas de cotización», lo que significa una subida de las cuotas para los trabajadores cuyos ingresos anuales superen los 2.400 euros al mes . Esta es una de las medidas más importantes por su poder recaudatorio, ya que afectará a más de 1,2 millones de contribuyentes cuyos ingresos superan la base máxima actual.

Cabe destacar que el Ejecutivo propone realizar esta subida de forma gradual. No se sabe si la subida de la pensión máxima será equivalente a la subida de las bases máximas de cotización .

En la ficha sobre fiscalidad el Gobierno suscribe su intención de conseguir un sistema financiero más progresivo que implicará una subida de impuestos sobre la riqueza de las familias. No hay detalles sobre cómo se llevará a cabo esta subida, pero sí se ha dado a entender que se pretende implantar un sistema progresivo, por lo que la subida de impuestos se hará en los patrimonios más altos. Por otro lado se señala «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado , evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA».

Además, el Ejecutivo también quiere gravar más a determinados negocios digitales, para lo que ha aprobado la tasa Google , pero puede aprobar más medidas.