La eliminación de la tributación conjunta castigaría especialmente a jubilados y divorciadas

La tasa de ocupación entre las mujeres aumenta a medida que baja su edad, lo que implica que en la mayoría de los matrimonios o parejas jóvenes cada miembro presente su declaración individual. Pero la situación es justamente la contraria entre las parejas de mayor edad , en las que muchas de las mujeres no cuentan con ingresos propios y, por lo tanto, el matrimonio presenta declaración conjunta.

Según datos recogidos tras hacer simulación en la web de la AEAT, un matrimonio jubilado que recibe una pensión de 18.000 euros al año, es decir, una pensión de 1.200 euros al mes, sufriría una pérdida de 1.000 euros anuales tras eliminarse la deducción por tributación conjunta. En términos mensuales, supone una merma de 83 euros en cada paga del matrimonio.

Además de los jubilados, el otro gran colectivo que resultaría más castigado por la desaparición de esta deducción serían las familias monoparentales con hijos a cargo . En la mayoría de los casos se trata de mujeres, ya que son las que más tienen la custodia de los hijos. Según los datos de la Agencia Tributaria, algo más de 590.000 familias monoparentales presentaron declaración conjunta en el año 2019, último ejercicio del que hay datos. Del total, 438.000 fueron mujeres, esto es, casi un 75% .

Los datos son claros también respecto al poder adquisitivo de estas familias. En 2019, algo más de 3,6 millones de declarantes optaron por la declaración conjunta, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. De este total, casi 2,8 declararon menos de 30.000 euros anuales, lo que supone casi el 78% del total.

Los orígenes de esta deducción se encuentran en un intento de compensar la tributación de las familias en las que solo uno de los miembros de la pareja aporta ingresos. Porque se da la paradoja de que si en una unidad familiar se ingresan 60.000 euros, se paga mucho más por IRPF si es solo uno de los cónyuges quien trabaja, que si lo hacen los dos, y los 60.000 provienen 30.000 de cada uno, o 40.000 de uno y 20.000 de otro.

La deducción de la que se benefician las familias por tributación conjunta no compensa del todo esta diferencia, pero sí que la amortigua. Lo cierto es que hay asociaciones de defensa de la familia que piden que los ingresos se puedan dividir entre los dos cónyuges, lo que permitiría reducir considerablemente la cuantía a pagar en la gran mayoría de los casos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero , insistió nuevamente en que esta medida no se va a poner en marcha tal y como viene planteada en el plan remitido a Bruselas sino que, argumentó, se va a esperar al dictamen de los expertos para la reforma fiscal. Según Montero, el «clima preelectoral» es una de las causas del revuelo aunque, reconoció, la medida es una de las recomendaciones planteadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y, por tanto, será tenida en cuenta por los citados expertos en su análisis.

Sorprende también el argumento político de Montero pues se da la circunstancia de que son muchos los expertos que consideran que han sido precisamente las elecciones madrileñas las que están detrás de la opacidad con la que el Gobierno está manejando el Plan de Recuperación. Del texto, que determinará el futuro económico y social de la economía nacional en los próximos años, según planteó el presidente Sánchez, solo se conocen las líneas generales pero no hay ni rastro de las reformas estructurales que se han acordado con Bruselas a cambio de la recepción de los fondos.

Pese a las ‘autoenmiendas’ del Gobierno a su propio documento, el texto remitido a la Comisión Europea es claro respecto al futuro de la deducción: «Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)», reza. La medida se encuentra igualmente en el anexo IV del Plan de Recuperación, titulado 'Análisis sectorial de Aspectos de Igualdad de Género y Oportunidades', esto es, que la decisión se incluyó dentro de las políticas de genero.

Para los analistas consultados, la puesta en marcha de la medida parece solo cuestión de tiempo. El grupo de expertos al que alude el Ministerio de Hacienda debe tener listo su dictamen en febrero de 2022 , por lo que las novedades en materia fiscal no llegarán hasta entonces, según ha venido insistiendo la ministra Montero. La eliminación de esta bonificación supondría un buen pellizco para las maltrechas cuentas públicas españolas, que deberán volver a la senda de la estabilidad fiscal con urgencia una vez superada la pandemia. Según cálculos de la Airef, la bonificación por este concepto que el Gobierno había planteado suprimir supondría una pérdida de ingresos de 2.393 millones.