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S&P estima para la banca 700 millones de costes adicionales al año por el nuevo impuesto hipotecario

La calificadora considera «manejable» la factura derivada de la nueva regulación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) aprobada por el Gobierno ayer, y descarta que afecte a los ratings de los bancos españoles

MadridActualizado:

La calificadora Standard&Poor´s ha estimado en700 millones de euros al año, el 5,5% de los beneficios antes de impuestos que esperan obtener los bancos españoles en el mercado nacional en todo 2018, la factura de la nueva regulación a la que dió ayer luz verde el Consejo de Ministros y que deja en manos de las entidades el pago del conocido como impuesto sobre las hipotecas, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En este sentido, S&P ha destacado que la factura podría alcanzar los 1.250 millones anuales si la nueva regulación afectara a otros créditos que tengan como garantía una hipoteca.

En cualquier caso, la agencia de calificación ha considerado «manejable» estos costes adicionales para las entidades financieras, así como han descartado revisiones en las valoraciones de los bancos. Sin embargo, ha advertido «que la parálisis de las últimas semanas podría tener efectos negativos» en el mercado inmobiliario.

Hipotecas más caras y mayor litigiosidad

Los analistas de Standard & Poor`s han justificado lo anterior, en que «los bancos revisarán el precio de las hipotecas y no absorverán la totalidad de la factura del cambio aprobado en el impuesto». De esta forma, la calificadora vendría a desmentir los buenos deseos del presidente Pedro Sánchez descartando que las entidades intenten repercutir esta modificación normativa sobre sus clientes. Para la calificadora, el citado impuesto ya era «fuente de problemas» y podría resucitar el debate sobre un impuesto específico a la banca.

Por otra parte, la calificadora ha criticado «el creciente proteccionismo hacia el consumidor» en España ya que expone a la banca «a un mayor riesgo de litigiosidad en el futuro y más cambios normativos». Todo ello, han añadido, en medio de la tramitación de la nueva Ley Hipotecaria que afectará a la futura actividad crediticia.