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Seguridad Social

Escrivá descarta subir la edad de jubilación por encima de 67 años para reequilibrar el sistema de pensiones

El Gobierno insiste en que las prestaciones se revalorizarán en 2023 conforme al IPC medio del presente ejercicio

Escrivá atribuye buena parte del equilibrio del sistema a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social

Los expertos instan al Gobierno a subir las pensiones y el sueldos de funcionarios por debajo del IPC

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ABC
Gonzalo D. Velarde

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La edad de jubilación no subirá de los 67 años en España. Ante las distintas soluciones que el Ejecutivo estudia para la reforma de pensiones y que se negocia con los agentes sociales no se valora la posibilidad de que se incremente nuevamente la edad legal del retiro, lo que sería una palanca para recortar el gasto mensual en las prestaciones. La nómina ya asciende a los 10.000 millones de euros mensuales.

En una intervención en la Jornada Inaugural del V Encuentro de Economía Senior el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , aseguro que esta vía de recorte del gasto en pensiones no se valora al existir un consenso para establecer la edad legal de jubilación en 67 años a partir de 2027, momento en el que terminará de desplegarse el periodo transitorio de la reforma aprobada por el PSOE en 2011.

Escrivá asegura en este punto que en España «no es un asunto que genere confrontación; al contrario, está solucionado por consenso», y recuerda que con el acuerdo de los agentes sociales y del Pacto de Toledo , cuando se aprobó una subida gradual, que finalizará en 2027, se exigirán 67 años para el retiro ordinario. Para este año 2022 la edad legal de jubilación se sitúa en los 66 años y 2 meses.

Según cálculos de los técnicos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso ABC, cada año de ganancia de vida laboral sobre la edad real de retiro -en los 64 años y 6 meses según cifras del Banco de España- supone una reducción del gasto anual de 4.500 millones de euros. Sin embargo, este extremo queda descartado y el Gobierno tratará de reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social con otras medidas paramétricas como el destope de las bases máximas de cotización, la ampliación del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión -actualmente se toman los últimos 25 años- y la separación de las fuentes de financiación que saquen los denominados como «gastos impropios» del presupuesto de la Seguridad Social.

Presión financiera por el 'baby boom'

En este punto y ante el horizonte financiero de la Seguridad Social, comprometido por las jubilaciones de la generación del 'baby boom' , el ministro quiso tranquilizar sobre la solidez del sistema de pensiones: «Las tensiones que afronta el sistema de la Seguridad Social, mirando hacia adelante, son prolongadas pero transitorias, y se darán en las próximas dos décadas. La generación del 'baby boom' es bastante ancha, y la que la sucede -más estrecha- es la que tiene que financiar el sistema. Luego le sigue otra generación que es, aproximadamente, del mismo tamaño, lo que reequilibrará el sistema a partir de 2050», explicó Escrivá este miércoles.

Entre las soluciones que ya se están adoptando, el Gobierno apunta al recientemente aprobado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), «que va a volver a reactivar el Fondo de Reserva , la hucha de las pensiones, hasta el año 2032«, y el destope (subida del límite superior) de la pensión máxima, que irá acompañado de una evolución paralela de las cotizaciones correspondientes, reforzando el sistema con más ingresos durante los próximos años.

Escrivá subraya que la sostenibilidad de las pensiones está asegurada, mencionando la reducción «muy rápida» del déficit de la Seguridad Social -que este año acabará en torno al 0,5% del PIB, mientras que el año pasado fue del 0,9%-. El objetivo del Gobierno es llegar a final de la legislatura en torno al equilibrio presupuestario. También ha tranquilizado acerca del gasto en pensiones comparando el 12% del PIB que representa en España con el 16% que supone en Francia o Italia .

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