Escrivá deberá subir la pensión máxima un 20% más que las cotizaciones para asegurar equidad en el sistema

Recientemente, la Comisión Europea señaló a España en el documento de trabajo para las recomendaciones de país que será necesario compensar en el segundo paquete de medidas elementos que compensen el alza del gasto que ha resultado de la aplicación de la primera pata de la reforma, principalmente por la vinculación de la revalorización de las pagas con el IPC . De cara a 2023, esta medida supondrá que el Estado deberá destinar a las diferentes subidas más de 10.000 millones de euros.

Sin embargo, además de las cotizaciones sociales que crecen a un ritmo interanual del 10%, pero que serán insuficientes para cubrir todo el gasto de prestaciones contributivas, el Ejecutivo prevé incluir en la segunda parte de la reforma algún elemento que sirva para reflotar los ingresos de la Seguridad Social. La principal baza en este sentido está depositada en el denominado como destope de cotizaciones . En la práctica, supondrá que con un periodo transitorio de por medio las bases máximas de cotización crecerán por encima de los actuales 49.672,8 euros anuales. Previsiblemente y según las propias declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , la senda sería para un plazo de 30 años y se podría alcanzar la cota de los 60.000 euros anuales de base máxima de cotización.

La medida, eso sí, deberá estar acompañada de un progresivo aumento de la pensión máxima de jubilación para acompasar las mayores aportaciones de los trabajadores con mayores remuneraciones a la prestación que recibirán en el momento de la jubilación. Así lo reconoce el Ejecutivo en el componente 30 del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, donde se pone negro sobre blanco que se prevé «mantener estrictamente» la contributividad respecto a la pensión máxima durante el proceso de destope en las próximas décadas.

Es precisamente en este punto donde los expertos señalan la delicadeza de esta medida. Por un lado, nos encontramos con el progresivo avance de la 'reforma silenciosa' de las pensiones, según se conoce en el mundo académico. En los últimos 12 años, la base máxima se ha incrementado por esta vía en un 29,4% , hasta situarse en los mencionados 4.139,4 euros. Mientras que en el mismo periodo de tiempo la pensión máxima se ha aumentado desde los 2.466 euros mensuales hasta los 2.819 euros en 2022. Es decir, la prestación máxima se ha elevado en un 14% desde 2010, lo que supone 15 puntos porcentuales menos que la base máxima.

Consecuencia de esta práctica ejecutada por los diferentes Gobiernos resulta que actualmente la pensión máxima es un 20% menor que la base máxima de cotización. Según se advierte en el documento de 'Reflexiones sobre el segundo bloque de medidas pendientes de implantar para la reforma del sistema de pensiones según la actualización del programa de estabilidad 2022-2025' elaborado por el Foro de Expertos del Instituto Santalucía , «como norma general, las bases máximas de cotización deberían incrementarse en la misma proporción que las pensiones máximas con el fin de preservar la contributividad y la equidad del sistema».

«Actualmente, existe un diferencial de más de un 20% entre la base máxima de cotización y la pensión máxima, lo que convierte una parte de la cotización en un impuesto puro en vez de compensación diferida para algunos trabajadores«, señalan desde el Instituto Santalucía.

Además aseguran que es preocupante la frase que aparece en el programa de estabilidad en referencia a esta reforma «adecuación de la base máxima del sistema, a través de un incremento gradual de su cuantía acompasada de una adaptación posterior de la pensión máxima que preserve la contributividad del sistema » que apunta a una adecuación a diferentes «velocidades» para la base y la pensión máxima, lo que podría aumentar el diferencial existente y con él la inequidad contributiva.

En este punto, los autores advierten de que como en la reforma de autónomos, de darse el ajuste de la pensión máxima, esta reforma no mejorará la sostenibilidad del sistema ya que incrementará los ingresos a corto plazo, pero también, y de manera desproporcionada, los gastos a largo plazo al aumentar las prestaciones calculadas con una fórmula tan desajustada como la española, que además tenderá a empeorar con avances en la esperanza de vida. «En la medida en que no se realice tal ajuste, podría obtenerse alguna mejora en la situación financiera del sistema, pero sería a costa de agravar el trato desfavorable que ya sufren los trabajadores con rentas superiores a la pensión máxima», señalan.

Además, es muy importante tener en cuenta el posible efecto adverso del destope sobre la competitividad de las empresas y sobre sus posibles incentivos a trasladar empleo de alta cualificación a otros países con menores cargas sociales.