Los ERTE fracturan el Gobierno y obligarán a Sánchez a decidir

«El Gobierno entiende que lo que toca es poner el acento en incentivos que permitan que personas en ERTE se puedan incorporar a su puesto de trabajo», remarcó Montero tras insistir en que confía en que «habrá acuerdo» y argumentar que el momento que vivimos actualmente es «bien distinto» al de hace un año, especialmente gracias a la vacunación. La ministra quiso dejar claro que Escrivá cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno que será, en última instancia, el que tenga que mediar y decidir las condiciones que irán ligadas a los ERTE en una nueva prórroga.

La propuesta de Escrivá presentada ayer por la mañana a los agentes sociales incluye rebajar las exoneraciones de los ERTE por fuerza mayor a las empresas de menos de 50 trabajadores en torno al 35% en agosto y en septiembre al 45%. Porcentajes que se elevarían hasta el 55% en el caso de las compañías de más de 50 empleados, según fuentes de la negociación. El argumento del titular de la Seguridad Social para justificar estos recortes es que son los incentivos los que fomentan que las empresas saquen a sus trabajadores del ERTE , justo lo contrario de los argumentos de sus detractores. Estos sostienen que el regreso a la actividad es la que automáticamente genera la incorporación de los empleados.

«Por unanimidad de los sectores y el Comité Ejecutivo se ha decidido que CEOE no acepta la última propuesta del Gobierno sobre los ERTE , ya que sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad. Seguiremos trabajando», reza el escueto comunicado con el que los empresarios dieron ayer por zanjado el análisis del documento. La patronal está convencida de que las nuevas condiciones perjudican especialmente a pymes y autónomos y que los recortes pueden condenar a negocios al cierre, teniendo en cuenta que las actividades ligadas al turismo prevén un verano a medio gas a pesar del avance de la vacunación.

Los sindicatos también dieron la espalda a la propuesta del gestor de las pensiones. UGT la calificó de «inaceptable» y avisó de que solo apoyará un pacto tripartito, reflexión similar a la realizada por CC.OO. Su secretario general, Unai Sordo , dijo que sería «una pena» que «en el último round» de los expedientes no hubiera acuerdo para prorrogar las ayudas.

El último movimiento de José Luis Escrivá se producía ayer, tras la tensa jornada del lunes que finalizó sin acuerdo para extender los ERTE a escasos días del vencimiento de su prórroga (31 de mayo) y tras un rosario de desencuentros en las mesas de negociación. La relación entre los agentes sociales y el ministro se ha tensado mucho durante estas últimas semanas. Tanto es así que su secretario de Estado, Ismael Arroyo , no acudió a la última reunión convocada para forzar un acuerdo alegando «motivos de agenda» y delegó en el director general de la Tesorería , lo que fue interpretado por los agentes sociales como una señal de que el ministro no tenía intención de cambiar su oferta. «Lo pone todo muy difícil. Ha sido una verdadera decepción», se lamentan en privado en el mundo empresarial.

Tras el rechazo formal de la CEOE , el Gobierno celebrará un nuevo Consejo de Ministros el próximo jueves para apurar las posibilidades de negociación. De este modo se daría margen suficiente para que los trabajadores fijos discontinuos, cuyo marco legal también se ha ajustado a la pandemia, puedan ser dados de alta.

Escrivá ha sido el principal escollo de unas negociaciones que, en sus comienzos, se daban por encarriladas. En particular su propuesta de endurecer las exoneraciones y limitar los sectores que pueden acogerse a las mismas de cara a los ERTE . Y se da la circunstancia de que no es un debate nuevo, pues la estrategia de incentivar la activación de trabajadores en ERTE ya había sido puesta sobre la mesa por el titular en anteriores prórrogas, pues defiende que es una política muy novedosa y que está siendo seguida con interés por las autoridades internacionales.

Sin embargo, el ministro no ha logrado imponer este ‘modus operandi’ en las negociaciones y ahora lo vuelve a intentar, lo que supondría recortes de peso y un duro revés para muchos negocios. El esquema actual de los ERTE establece exoneraciones de hasta el 85% para los sectores ultraprotegidos y empresas de su cadena de valor, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos. En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones llegan hasta el cien por cien y en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes (entre el cien por cien y el 85%) hasta el 31 mayo.

La falta de entendimiento vuelve a dejar en vilo a los cerca de 600.000 empleados acogidos a esta fórmula de protección, que vivirán los últimos días de mayo sin saber cuál será el marco que regulará su situación a partir del próximo mes. Una situación similar a la que viven los más de 400.000 autónomos acogidos al cese extraordinario de actividad, cuyas condiciones de acceso también quiere recortar el Gobierno . En este caso tampoco ha convencido a los agentes sociales, aunque sí reconocen que «se ha avanzado en algunos flecos». Actualmente los autónomos reclaman que la prestación extraordinaria sea del 70%, mientras que el Ejecutivo ofrece el 50%.