¿Quién paga la cuenta?

Determinar qué sectores acceden y en qué condiciones son los escollos que, prórroga tras prórroga, han causado retrasos en las negociaciones. No solo entre los agentes sociales y el Gobierno, sino también dentro de él. Ahora, cuando está a punto de cumplirse el plazo, no es diferente. La parte ‘austera’ del Gobierno , suponiendo que tal cosa exista, encabezada por el ministro Escrivá y apoyado por las vicepresidentas Calvo y Calviño , pretende reducir la parte que corresponde al Estado y aumentar el peso que soportan las empresas. Idea que la CEOE ve con natural recelo y explicable oposición. Como dice su presidente Antonio Garamendi , con lógica evidente, si hablamos de prórroga se trata solo de estirar el tiempo, no de cambiar las condiciones. La v icepresidenta tercera, Yolanda Díaz , se desmarca y apoya a los agentes sociales. Tampoco es una sorpresa. Ha cimentado su sorprendente popularidad sobre su capacidad de llegar a acuerdos con los agentes sociales y no quiere un final abrupto que ensucie su trayectoria.

De momento no hay acuerdo, pero lo habrá, y se celebrará un consejo de ministros, en tres días si hiciera falta, para convertirlo en texto legal ¿Por qué? Por dos razones. El Gobierno no tiene muchos pactos que presentar como activo y nadie dentro de él, -quizás Nadia Calviño , pero solo un poquito-, se asusta con las cifras que adquiere el déficit público. Así que, ¿hay razones para ponerse estricto con el coste de una nueva prórroga? Las hay, pero nadie las considera