Por la sostenibilidad del sistema de pensiones

Tras varios años de tensión política en los que han confluido un incremento del gasto en pensiones y una caída de los ingresos por cotizaciones, agravada esta en los últimos meses por los efectos de la pandemia, en el seno del Pacto de Toledo se ha conseguido, por fin, un preacuerdo sobre el que poder construir un renovado diálogo social que termine alumbrando la necesaria y urgente reforma del sistema público de pensiones.

Una de las principales recomendaciones de este preacuerdo es el compromiso, «por Ley», de «mantener la revalorización de las pensiones en base al IPC real», cuestión que no debemos discutir aisladamente, pues todos estaremos de acuerdo en la importancia de mantener en el tiempo una pensión digna. Sin embargo, es discutible la oportunidad de la medida si no va acompañada de un a reforma estructural del sistema que garantice su financiación y sostenibilidad en el largo plazo, también la revalorización propuesta. La alternativa de financiar los llamados «gastos impropios» vía presupuestos del Estado no resulta suficiente, ni estructural, ni mucho menos resuelve el problema, sólo lo traslada.

Puesto que garantizar la calidad de vida de nuestros mayores es una de las máximas de cualquier estado de bienestar que se precie, la recomendación de estimular el ahorro previsional para complementar la pensión pública queda expresamente recogida en el Pacto de Toledo desde el primer momento. En este sentido, y a falta de conocer los detalles técnicos, recibimos con expectación las declaraciones del ministro Escrivá insinuando la posibilidad de crear un gran fondo de pensiones de empleo siguiendo el modelo NEST británico cuyo promotor sería el Estado bajo gestión privada. Sin embargo, estos movimientos orientados a «impulsar la implantación efectiva de los planes de empleo» del segundo pilar, no deben ser nunca a cambio de eliminar los estímulos fiscales del tercer pilar en su fase de acumulación. Ambos sistemas de previsión son complementarios entre sí y no sustitutivos. Y es que, si queremos de verdad incentivar el ahorro previsional, resultará fundamental que los ciudadanos vean recompensado fiscalmente ese esfuerzo de forma inmediata, aunque sea sólo mediante un diferimiento del pago de sus tributos.

Por otro lado, debido al colapso de la cadena de pagos y las dificultades de liquidez, los trabajadores autónomos han sido en términos generales el colectivo de ciudadanos más perjudicado económicamente por la pandemia. De no tomar las medidas adecuadas en la reforma del sistema respecto del ahorro individual, estos volverán a ser nuevamente castigados, pues cerca de tres millones de ciudadanos sólo se pueden permitir un ahorro voluntario con estímulo fiscal a través de los actuales planes de pensiones individuales del tercer pilar. Del mismo modo, en este entorno de incertidumbre generado por la Covid, creemos de justicia revindicar la necesidad de equiparar por ley a los autónomos mutualistas con los autónomos RETA en relación a cualquier medida de apoyo financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Si queremos unas pensiones sostenibles, suficientes y equitativas, necesitamos unos pilares robustos de previsión social pública y complementaria, por eso debemos instar a los poderes públicos a tomar decisiones estructurales lo antes posible, y este preacuerdo del Pacto de Toledo «se opone a cualquier transformación radical del sistema». ¿Cuántas generaciones pagarán la deuda que ahora estamos generando? ¿Es esta la herencia que queremos para nuestros hijos? Seamos conscientes de que lo que antes era necesario ahora es urgente, pero en esa necesaria reforma estructural e intergeneracional que demandamos, no perdamos nunca de vista que, si cada vez vivimos más, o bien trabajamos más tiempo, o cobramos menos o ahorramos más. No hay fórmulas mágicas.