La negociación del salario mínimo recrudece la guerra de poder dentro del Gobierno

El Salario Mínimo lleva semanas protagonizando la pugna entre las dos orillas del Gobierno, con las diferencias sobre la idoneidad de su subida como telón de fondo. Los ministros socialistas como Calviño o Escrivá se muestran más cercanos a su congelación, mientras el ala morada, con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y el vicepresidente Pablo Iglesias, a la cabeza, apuesta decididamente por una subida. Los sindicatos, por su parte, reclaman también esta mejora, a la que se niegan en rotundo los empresarios , que ya han declarado que no dudadrán en dar la batalla.

Las expectativas iniciales de la ministra Díaz comprendían subir hasta el entorno de los mil euros la retribución mínima, desde los 950 euros actuales, pero ahora gana fuerza la posibilidad de que el incremento se alinee con el de funcionarios y pensionistas. Ayer, el presidente del Gobierno lanzó un guiño a sus socios de Gobierno al ensalzar, durante un acto por el aniversario de la OCDE, el «valor del salario mínimo» como palanca para combatir las desigualdades.

Pero el SMI no es ni mucho menos el único foco de conflicto del Gobierno de coalición en materia económica. Tal y como adelantó ABC , el decreto para prohibir los desahucios hasta el 9 de mayo se ha vuelto a enquistar por el temor en las filas del Partido Socialista a que la norma desate un aluvión de demandas. La intención del PSOE es lanzar un guiño a los grandes propietarios en el decreto para evitar esta lucha jurídica. Entre las medidas que se estudian se encuentra una posible compensación a los propietarios que se vean afectados por el veto a los desahucios. Una opción que ha sido muy criticada por Unidas Podemos , que quiere sacar adelante ya el decreto.

También la prohibición del corte de los suministros a hogares vulnerables mantiene enfrentados a los ministerios. Los miembros de Podemos, que llegaron a presentar una enmienda a sus propios Presupuestos con ERC y Bildu en esta línea, han endurecido esta reclamo en las últimas semanas, pero el choque con el PSOE ha frenado una iniciativa que debía haber visto ya la luz, según anunció el propio Iglesias. Desde Unidas Podemos reclaman ahora obligar a las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte con el objetivo de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

El debate también sigue abierto en el caso del rescate a la hostelería. Pese a que hace ya casi dos meses que la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto , anunció el lanzamiento de un plan, este no termina de cerrarse por los choques entre ambas formaciones. Un total de cinco ministerios están inmersos en la elaboración del rescate, que podría incluir incentivos fiscales y exoneraciones a la Seguridad Social. Un extremo del que recela la propia Maroto.

Mientras, el sector se manifiesta día sí día tambíen para protestar por su dramática situación. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, dice que la asociación «lleva días» sin hablar con el Gobierno , mientras que desde el Ministerio de Comercio aseguran desconocer si el plan de rescate irá hoy al Consejo de Ministros. «Todo apunta a que sufrirá un nuevo retraso», aseguran las fuentes consultadas.

Otro de los grandes cambios que pueden llegar al mercado laboral tiene que ver con la temporalidad. El 90% de los contratos que se firman cada mes en España son temporales y, de ellos, alrededor del 25% son de muy corta duración, es decir, expiran antes de siete días. Una práctica «intolerable», en palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , que busca esquivar el pago de cotizaciones durante el fin de semana y a la que el Gobierno estudia ahora poner coto.

El ministro puso ayer el foco en la elevada rotación de contratos que hay en España y en la «cantidad de contratos solo de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales en sábado y domingo (...) o en periodo de vacaciones», según dijo en un desayuno de Nueva Economía Fórum. «Vamos a penalizar, vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos», avanzó Escrivá, aunque remarcó que aún se está estudiando cómo hacerlo para que sea una medida eficaz.

Fuentes del ministerio remarcan que tampoco está claro el momento en que estará lista la iniciativa, aunque el ministro sí que señaló una de sus causas: «La forma tan ágil de abrir y cerrar contratos en la Tesorería de la Seguridad Social de forma online está posibilitando estos usos no aceptables que llevan aparejado un nivel de desprotección de los trabajadores». «Se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo», enfatizó Escrivá.

Otro de los frentes abiertos en el seno del Ministerio de Seguridad Social llega a cuenta de la reforma de las pensiones , norma mucho más polémica que el coto a la temporalidad. Sobre la mesa el ministro habría puesto extender hasta 35 el número de años que se toman para calcular la pensión inicial de quien se jubila, según informó ayer «El Mundo». Escrivá se limitó a pedir discreción, pues es un tema que está siendo debatido en la mesa del diálogo social aunque reconoció que también se está negociando con Bruselas. «Estamos trabajando ya con los agentes sociales y con la Comisión Europea cómo va a ser esa nueva Ley General de Seguridad Social que tiene que abordar el reto de la sostenibilidad de las pensiones públicas».