Las defensas de los usuarios de las tarjetas «black» refutan la validez de la principal prueba inculpatoria

Así lo ha expresado en la penúltima sesión el abogado de la representante a propuesta del PSOE María Enedina Álvarez, que ha calificado de "via crucis" una situación que "no se podrá reparar ni con una sentencia absolutoria", y ha insistido en que ha quedado demostrada la voluntad de "cierto partido político para hacer creer que el axioma de la corrupción es generalizado".

Del mismo modo, ha asegurado que Álvarez, que gastó 47.000 euros, hizo uso de su tarjeta siguiendo "expresas instrucciones" de la entidad , entre ellas las referentes a los límites de gasto, y que realizó la declaración de la Renta de acuerdo con la información proporcionada por Caja Madrid, con la que mantenía una "relación de confianza".

El letrado del exdirectivo Ramón Ferraz, José Ramón García García, ha sostenido que el empleo de las visas "no debe hacer incriminatoria" la conducta de los acusados, ya que, en su opinión, es tan legítimo como disponer de una retribución en efectivo o mediante un cheque.

Además, ha explicado que Ferraz, exdirector de Banca Comercial, nunca fue advertido del uso supuestamente indebido de su tarjeta , con la que desembolsó 397.900 euros, ni fue requerido para que devolviera las cantidades percibidas desde 1997, casi veinte años antes del inicio del proceso.

En este sentido, ha indicado a la sala que preside la juez Ángela Murillo que, conforme a su experiencia, es la primera vez que se inicia un caso por apropiación indebida sin que nadie, en alusión a Caja Madrid y posteriormente Bankia, haya pedido una previa restitución del dinero.

El abogado ha alegado que tanto las tarjetas como los límites fueron fijados por "quien era competente" , es decir, Miguel Blesa, aunque ha pedido al tribunal que considere que Ferraz "no pertenecía ni a los órganos de gobierno, ni a la Comisión de Control ni otro órgano que tomara decisiones" sobre un medio de pago que "a día de hoy" sigue creyendo una retribución.

Durante la sesión también ha intervenido la defensa del exconsejero Manuel José Rodríguez González, a quien se le imputan 37.100 euros en gastos, que ha afeado a las acusaciones particulares del FROB y Bankia por disputarse en exclusiva el perjuicio, y ha señalado a Caja Madrid por haberse beneficiado de las tarjetas al haberse desgravado estos gastos.

En términos similares se ha expresado el representante del exconsejero a propuesta de UGT Rafael Torres Posada, Ramón Caravaca, que ha negado la existencia del delito de apropiación indebida a raíz de los 82.300 euros de los que dispuso , y por el que los 65 se enfrentan a penas de entre seis años y doce meses de prisión.

En tanto que los letrados de los exconsejeros Gabriel María Moreno y Jorge Rábago, que desembolsaron 20.400 y 8.000 euros respectivamente, han refutado la validez de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo Excel.

Para este jueves está prevista la última sesión del juicio , que se inició el pasado 26 de septiembre, en la que expondrá su informe definitivo el abogado del que fuera líder de los empresarios madrileños y presidente de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, momento en que los acusados podrán expresar alegatos finales antes de que la sala decrete el visto para sentencia.