Protesta este martes de los trabajadores de VTC en Barcelona - PEP DALMAU

El decreto catalán de VTC aboca al cierre del sector

Las operadoras anuncian una oleada de despidos y una batalla legal contra la nueva regulación

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Batalla sentenciada, por ahora. Como era previsible, la Generalitat de Cataluña aprobó ayer la nueva regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), una controvertida medida que, a cambio de lograr la pacificación del conflicto en las calles –quizás solo de manera momentánea–, deja tocado de muerte a un nuevo modelo de negocio que no ve salida posible. Con los taxistas aparentemente satisfechos –han logrado su principal objetivo, la precontratación de servicios VTC con una hora de antelación–, las plataformas de transporte con chóferes como Uber o Cabify y los principales operadores anunciaban una oleada de despidos y seguir la batalla en los tribunales.

Al tiempo que llegaba el visto bueno del decreto-ley en el Consejo Ejecutivo del Govern, los VTC decidieron poner fin a su protesta en la Avenida Diagonal, en donde más de 800 vehículos habían permanecido inmóviles durante diez días. Ayer dijeron un basta a la protesta, que puede ser temporal, para evitar más molestias a los ciudadanos, no sin una manifestación final a las puertas de la Generalitat, donde se estaba aprobando la medida. También entregaron al Gobierno autonómico 160.000 firmas de apoyo al sector, conseguidas durante la última semana. El colectivo esperará a mañana, cuando la normativa se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y puedan chequearla al detalle, para decidir los próximos pasos a seguir.

Lo cierto es que, a pesar de que justo cuando se conoció la propuesta del Govern, hace ya ocho días, los VTC aseguraron con un tono abatido que el taxi había ganado y de que ayer con el repliegue de sus coches simbolizaron que abandonaban la lucha, los afectados no se dan por derrotados. Es más, tienen más presente que nunca que la normativa que ha tirado adelante es "perversa y hace inviable la supervivencia" de sus negocios, recordaban ayer, por lo que avisan de que no se quedarán cruzados de brazos.

19 querellas criminales

Así, sin grandes concreciones, estas empresas dieron por hecho que habrá impugnaciones, recursos u otras vías legales para hacer frente a esta normativa que les hiere de gravedad. El presidente de la patronal de los VTC Unauto en Cataluña, Josep Maria Goñi, avanzó que estudian presentar querellas criminales por prevaricación contra la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB. "Es una sinrazón. No se pueden aprobar cosas que posiblemente no tienen viabilidad y son ilegales", aseguró, convencido de que pueden ganar en los tribunales.

"No podemos hacer más como trabajadores. Tenemos que reunirnos, analizar el decreto y ver qué impugnaciones podemos hacer. Cuando esté publicado, a partir del jueves, será cuando podremos hacer cosas", añadió en una línea similar el portavoz de los conductores VTC y representante de Cabify, Carlos Segarra.

A las amenazas judiciales se le suman las advertencias de que decenas de empresas tendrán que dejar de operar en Cataluña y que por ello hasta 4.000 trabajadores pueden perder sus empleos. Unauto, que a finales de semana también dará más detalles sobre las secuelas del controvertido decreto-ley, avanzó ayer que al menos tres compañías ya han arrancado los trámites para formalizar un expediente de regulación de empleo (ERE).

Entre ellas lo habría hecho Vector Ronda, que podría despedir a unas mil personas al dar por hecho la inviabilidad económica de su negocio ante las nuevas condiciones laborales. "Nos vemos obligados a resolver la relación laboral de todos nuestros trabajadores", apuntaba una misiva firmada por esta empresa junto a Forever Tours Dream y Auto Andalucía Jaén Alquiler Vehículos Tarragona.

Moove Cars, otras de las afectadas que la semana pasada apuntó a que tendría que despedir a 726 empleados, también está a la espera de leer el decreto. Igual que Uber, cuyos portavoces ya dijeron hace días que si prosperaba la regulación de los quince minutos no podrían seguir prestando su servicio de UberX en Barcelona.

El decreto-ley obligará a los VTC a precontratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos en Cataluña, normativa que los entes locales y supramunicipales, como el AMB, podrán ampliar hasta una hora. La entidad metropolitana, presidida por Ada Colau, lleva tiempo trabajando en un documento adicional que obligue a ello: si no hay retrasos imprevistos, la medida se aprobará inicialmente este febrero y será definitiva a finales de marzo, aseguran a ABC. El consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, preguntado por los posibles despidos, fue tajante: "no queremos ceder ni al chantaje de las calles ni al chantaje de los despachos". Fomento del Trabajo consideró que el conflicto se ha cerrado en falso y exigió un acuerdo que compatibilice los derechos de todos.

La Generalitat se pliega a las exigencias del taxi

Más movilizaciones

Los afectados estudiarán nuevas protestas y avanzarán acciones judiciales mañana jueves

Los usuarios deben contactar con el chófer de VTC con un mínimo de quince minutos de antelación. Ahora, los entes locales podrán ampliar el plazo: en el Área Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, se llegará a la hora.

Los VTC no pueden circular por la vía pública buscando clientes ni propiciar la contratación de los que no hayan precontratado sus servicios.

Para evitar la búsqueda de clientes potenciales, los VTC tendrán que estacionar en aparcamientos y garajes cuando no hagan ningún servicio.

La Generalitat habilitará un registro electrónico de comunicación de servicios, en los que los VTC tendrán que informar de cada uno de sus servicios con todo detalle.