Corbacho pide «acabar con la cultura de la prejubilación»

El ministro respondía así, al término de su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara para presentar las prioridades de la presidencia española en la materia, al ser preguntado por la prensa si el Gobierno tiene pensado hacer alguna propuesta para armonizar la legislación en el conjunto de la Unión en este ámbito.

«Todos los estudios demográficos indican que la esperanza de vida va aumentando en Europa y aumenta de una manera importante, de tal manera que, si lo comparamos con hace 30 o 40 años, el incremento de población pasiva es un numero considerable», admitió.

Estas declaraciones las hace el ministro el mismo día que el segundo banco español, BBVA, ha anunciado una provisión de 550 millones de euros para prejubilaciones en su plantilla. En 2009, el beneficio del banco fue de 4.210 millones, un 16% menos.

Corbacho explicó que Europa debe «trabajar en dos direcciones» a la hora de hacer frente al desafío de garantizar el futuro de las pensiones, teniendo en cuenta no obstante que «cada Estado miembro, de acuerdo con su legislación nacional, tomará las medidas que considere oportunas».

El titular de Trabajo criticó que una empresa que tiene «beneficios» pueda acabar «jubilando a los trabajadores de 52 años», subrayó la necesidad de mantener al «máximo de personas de población activa más allá de la edad de jubilación legal» y apostó por flexibilizar e incentivar «la permanencia de una forma voluntaria» que sea atractiva tanto en el plano personal como económico para el trabajador.

Por ello, Corbacho defendió que la posibilidad de prejubilación se convierta en «la excepción y no la regla» y aunque no descartó aplicar la jubilación en sectores como el del automóvil especialmente afectados por la crisis económica y financiera «pero como excepción». En cualquier caso, el ministro admitió que la prolongación de la edad de jubilación legal -que en la mayoría de los Veintisiete se sitúa en los 65 años de edad como en el caso de España- es una decisión que corresponde a cada Estado miembro decidir. «En el caso de España tenemos 65 años. Este es un tema que precisamente abriremos ahora en el marco del Pacto de Toledo», confirmó.