Las autonomías tendrán que intervenir los alquileres para disponer de los incentivos fiscales para caseros

Algunos socios del Gobierno de coalición, como el PNV y ERC ya han mostrado en público sus recelos a la norma. Unas dudas que condicionan la aprobación de la ley. Ayer, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que el objetivo del Gobierno es que la reforma llegue a las Cortes -tras pasar por el Consejo de Estado - antes de que finalice el año, pero también admitió que su aprobación definitiva no se espera hasta la segunda mitad de 2022.

Cuando la ley entre en vigor, habrá que esperar 18 meses más hasta que los controles a los alquileres estén habilitados. Es decir, que la intervención real del mercado se espera, tal y como publicó ABC, para 2024. La próxima legislatura.

Pese a ello, Sánchez defendió el anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. «La norma pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar. Con esta reforma, el Gobierno cumple con sus compromisos para garantizar que el derecho a la vivienda es un derecho que los poderes públicos están obligados a garantizar », defendió la ministra de Transportes durante la rueda de prensa posterior al cónclave.

Fuentes de su departamento explican que el anteproyecto de ley representa un «equilibrio» entre este derecho a la vivienda y la seguridad jurídica del mercado. Como muestra, un botón. Aunque en un principio desde el entorno de Unidas Podemos deslizaron que la reforma obligaría a las promotoras a ceder el 30% de su producción a Viviendas de Protección Oficial (VPO), en realidad desde Transportes aseguran que la norma fuerza a los ayuntamientos que acometan esta medida a diseñar «sistemas de compensación» para los promotores.

«Los ayuntamientos pueden reservar una parte de las promociones a vivienda social, pero siempre que se establezcan los mecanismos compensatorios en los diseños urbanísticos», abundan desde el ministerio. Un cambio normativo que se basa en una sentencia dictada por el Constitucional al respecto y que remueve los cimientos del Ayuntamiento de Ada Colau. En efecto, Barcelona ha sido una ciudad pionera en obligar a los promotores a destinar parte de sus viviendas a VPO.

Pero no solo los ayuntamientos se verán afectados por la nueva regulación. Las comunidades tendrán un papel fundamental en la aplicación de la ley de vivienda, ya que serán las que decidirán si aplican los controles a los alquileres y las sanciones a las empresas que incumplan esta medida.

En este sentido, desde el Gobierno advierten de que la ley no se podrá aplicar a medias. Una región deberá declarar las denominadas zonas tensionadas dentro de su territorio para poder disponer de algunos incentivos fiscales que contiene la reforma estatal. También tendrán que ejecutar los controles a los precios.

Es cierto que, por regla general, la nueva ley limita la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual en el IRPF al 50%. Pero también dibuja determinados supuestos en los que esta reducción se incrementa considerablemente. Por ejemplo, si un casero rebaja el alquiler al menos un 5% en una zona tensionada puede obtener una reducción del 90%. Si se alquila la vivienda a un joven en estas áreas, la reducción se dispara hasta el 70%.

Otras bonificaciones menos atractivas, como la reducción del 60% para los propietarios que hayan acometido reformas en la vivienda, sí podrán acometerse aunque no se declaren las zonas tensionadas.

La ley no contenta ni a los caseros ni a los inquilinos . La asociación de propietarios Asval aseguró ayer que la ley «supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión». Desde Pisos.com hablaron, por su parte, de una ley que «saldrá con muy poco consenso, sobre todo a nivel político» y tendrá «muy poco recorrido». El Sindicato de Inquilinos , por su parte, advirtió el lunes de que la norma es «insuficiente» y «no garantiza el derecho a la vivienda». Tras dar su primer paso, la ambiciosa reforma afronta un camino lleno de obstáculos.