Competencia exige el reintegro de 368 millones a bancos y empresas por el Castor

Así, Escal tendría que devolver 195 millones de euros, Banco Santander 71,9 millones, Caixabank 48 millones, Enagás 32,4 millones y Bankia 21,1 millones, según la CNMC.

Este organismo explica que esta revisión de oficio vino motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. En ella se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, previstos en el real decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, tras la renuncia de su titular, Escal.

Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del citado RD-L 13/2014 privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados.

La declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos.

Hay que recordar que el Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor tras registrarse cientos de seísmos en la zona. En octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo, mediante el citado real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Las entidades Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización abonada a Escal , que percibieron hasta que la CNMC suspendió los pagos por la sentencia del Constitucional, al igual que hizo con Enagás, que percibió cantidades por operar y mantener las instalaciones en condiciones de seguridad después de la paralización.

Los tres bancos, a los que Enagás transfirió en su momento los derechos de cobro de la deuda que contrajo por abonar de una vez a Escal la indemnización, tienen planteada una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado para cobrar, mientras que Enagás tiene presentada otra para percibir los costes que le cuestan las tareas de mantenimiento.