La Comisión Europea da largas al plan de Sánchez para «topar» el precio del gas

Pedro Sánchez sostuvo un larguísimo pulso en el Consejo Europeo del pasado 25 de marzo y aseguró después que la Comisión se había comprometido a analizar con la mayor rapidez posible su compatibilidad con la legislación europea, pero cuando ya han pasado más de dos semanas sigue sin haber un resultado palpable.

Habitualmente, cuando un trámite como este se encalla en manos de la Comisión suele ser porque hay un componente claramente político en la decisión. En Bruselas prefieren dar largas alegando que no hay un plazo concreto para resolver el tema antes que asumir el coste político de decirle que no al Gobierno de un país miembro que lo había pactado en un Consejo Europeo. La de aplazar sistemáticamente la decisión es una maniobra que la actual presidenta, Ursula von der Leyen , utiliza con frecuencia como mecanismo para enviar el mensaje de que no está de acuerdo con el fondo del asunto.

Los portavoces de la Comisión contestaron ayer en esta línea a preguntas sobre el tema diciendo que por ahora «no tenemos respuesta ni fecha para darla, aunque se está tratando lo más urgentemente posible. Esperamos que podremos dar una respuesta cuando hayamos terminado el análisis».

La idea de introducir ese mecanismo para limitar el precio del gas artificialmente en España y Portugal alegando que la península Ibérica tiene tan pocas interconexiones que no afectaría al resto del mercado único no parece que se haya abierto paso a pesar de que según algunas fuentes España habría enviado ya una segunda propuesta para intentar de responder a algunas de las objeciones que al parecer la Comisión habría detectado en la primera lectura de la propuesta hispano-postuguesa. Según otras versiones, Sánchez habría hablado por teléfono la semana pasada con Von der Leyen para decirle que necesita a toda costa hacer bajar el precio de la electricidad en el próximo mes de mayo, para tratar de contener la curva de la inflación que está descuadrando todos sus planes económicos.

Los técnicos de la Comisión se interesan sobre todo en conocer cómo y quién pagará la diferencia entre el precio real del mercado y el tope de 30 euros que pretende establecer el Gobierno . Hay versiones que indican que ni siquiera consideran posible ese tope de precio por ser demasiado ambicioso. Las compañías eléctricas del resto del mercado europeo están pendientes de conocer las reglas que se aplicarían en la Península por si aprecian condiciones de ventaja competitiva ya que España tiene que recibir una cantidad extraordinaria de fondos europeos y sería inaceptable que fueran a ser utilizados directa o indirectamente para subvencionar el precio de energías fósiles.

La Comisión está esperando que en mayo le entreguen su tercer informe los responsables de la Agencia Europea de cooperación de los reguladores del mercado de la electricidad (ACER) que hasta ahora han sido críticos con propuestas como la de Sánchez en los dos dictámenes que han entregado a petición de la Comisión y el Consejo porque temen que las distorsiones que introduciría un elemento como este podrían desajustar el conjunto del mercado y tener consecuencias contraproducentes. Es muy probable que Von der Leyen no se pronuncie sobre la propuesta española antes de conocer el contenido del informe de ACER.