La comisión por la amortización anticipada de la hipoteca será más alta con los créditos a tipo fijo

El PSOE, el PP y Ciudadanos están de acuerdo en que el cliente hipotecado pague una comisión más alta por reembolso ante un contrato a tipo fijo que ante un contrato a tipo variable y abogan porque se fomente el primero para evitar inseguridades a lo largo de la vida del préstamo hipotecario. "Para que las entidades puedan ofrecer operaciones a tipo fijo debe haber una estructura que garantice que las entidades puedan ofrecerlo , ya que el reembolso tiene un coste y si no lo reflejamos, la banca no irá a por este tipo de contrato", ha señalado el portavoz del PSOE en la comisión, Gonzalo Palacín.

Palacín ha afirmado que si se tiene un tipo fijo durante toda la vida del préstamo se dará seguridad a las dos partes, al tiempo que el diputado de diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha dicho que la comisión en operaciones a tipo fijo debe ser mayor que las variables como mecanismo de compensación a las entidades.

También, el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez se ha mostrado a favor de que se fomenten las hipotecas a tipo fijo porque para el consumidor "es más fácil saber lo que va a pagar y hacer sus previsiones de ingresos y gastos en su vida" ante un contrato hipotecario que suele ser largo.

Ha advertido de que si no hay un "equilibrio" entre el banco y el cliente y no hay comisiones de reembolso, la entidad "al final subirá su tipo de interés para asegurar que no sufre perjuicio".

Desde Unidos Podemos, Rafael Mayoral ha avisado de que una hipoteca a tipo fijo podría ser en principio "más sencilla de entender, pero todo depende de las condiciones" y ha insistido en que la banca no debería cobrar comisión de ningún tipo si no ofrece un servicio a cambio. "Amortizar un préstamo lo que hace es dar seguridad al tráfico jurídico y al sistema financiero y poner comisiones no ayuda a amortizar sino que desincentiva", ha puntualizado.

La ponencia debate la retroactividad o no de la cláusula de ejecución hipotecaria, que podría afectar a decenas de desahucios que están actualmente en suspenso como consecuencia de varias sentencias europeas.

El PSOE propone que el texto legislativo aclare por escrito que la nueva Ley no abocará a la reactivación de estos embargos e incide en que por encima debe haber seguridad jurídica.

No obstante, la nueva Ley de crédito inmobiliario, que es consecuencia de la transposición de una directiva europea , no entrará en vigor en 2018, ya que los plazos de tramitación son muy ajustados y aunque pueda ser debatida en el Pleno del Congreso en diciembre no sería tramitada en el Senado hasta febrero.

Asimismo, la nueva Ley también contemplará que las Cajas rurales y las Cooperativas de Crédito, exentas de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, deban abonarlo como hará la banca en el caso de que concedan un préstamo.

Se trata de una enmienda introducida por Ciudadanos, que ha sido apoyada por mayoría, y que puntualiza que sólo estarán exentas de pagar el impuesto cuando este tipo de entidades compren un inmueble o un terreno, como también queda exento el denominado banco malo, la SAREB.