La CNMC cree que la norma que regulará a Uber y Cabify «restringe la competencia» en el sector

Para la CNMC, las medidas que incluye el nuevo real decreto, aún en trámite del Consejo de Estado, "dificultan que existan" empresas y particulares que ofrezcan servicio de vehículos de alquiler con conductor (VTC) e imponen "cargas injustificadas y no proporcionadas".

Fomento está ultimando este nuevo real decreto que actualizará la anterior norma de 2015 sobre el transporte urbano, cuya aprobación se espera para comienzos de 2018. El organismo regulador, que ha revisado la redacción del borrador de esta nueva norma, ha especificado que consta de dos artículos que afectan de manera particular a las VTC.

Por el primero de ellos se impedirá que los titulares de licencias VTC puedan revenderlas hasta pasados dos años desde su primera expedición. La CNMC considera que esta cuestión "desincentiva" que nuevas empresas entren en el mercado por "limitar su capacidad de abandonarlo" en ese tiempo, lo que a juicio del organismo regulador "resta liquidez al mercado secundario de licencias y en última instancia se perjudica a los pasajeros" que utilizan las VTC.

El segundo de los artículos afecta a las comunidades autónomas y explica que éstas podrán exigir que los titulares de VTC les comuniquen , antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente dentro de su territorio. Competencia cree que en este artículo del proyecto de ley "no se explica suficientemente" las razones por las que se pretende imponer esta obligación. Añade que estas obligaciones de comunicación "pueden suponer una carga administrativa muy elevada" para las VTC y "puede afectar" a su movilidad geográfica.

En abril de 2016, la CNMC impugnó ante la Audiencia Nacional dos normas del Ministerio de Fomento en este sector, el Real Decreto de 20 de noviembre de 2015 y la Orden de 18 de diciembre de ese mismo año, que aún están pendientes de resolución.