CEOE advierte del riesgo de fuga de inversores por la lentitud en la ejecución de los fondos europeos

Los datos recabados de diferentes fuentes oficiales y privadas por la principal organización empresarial del país desmienten de forma rotunda esas cifras. CEOE ha identificado al cierre del año 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por un monto total de 9.300 millones de euros, lo que supone únicamente el 38% de los fondos cuya ejecución se comprometió en los Presupuestos, y subraya que según la información disponible hasta la fecha a las empresas apenas habrían llegado poco más de 100 millones, quedándose el grueso de ese monto en los distintos organismos públicos encargados de distribuir los fondos hacia la economía real. Son datos del pasado mes de agosto, porque el Gobierno no ha vuelto a actualizar esas cifras desde entonces.

La lentitud en la llegada de los fondos europeos a las empresas y autónomos del país y el mejor comportamiento comparativo que se observa en otros países como Francia, donde a la altura del pasado mes de agosto ya se habían desembolsado el 30% de los recursos del plan, Italia o Portugal han llevado a CEOE a dar la voz de alarma y a advertir del riesgo de que los inversores privados se cansen de esperar y se decanten por priorizar sus proyectos en otros países por delante de España.

«La lentitud en el desembolso a las empresas para incentivar la ejecución de proyectos, en contraste con la agilidad de otros países como Francia o Italia, puede suponer un riesgo de deslocalización de inversiones , y, por tanto, una amenaza para el empleo y para la cohesión social y territorial», advierte CEOE, en su primer informe de evaluación sobre la ejecución del programa NextGeneration EU en España. La organización empresarial estima que este riesgo de fuga de inversiones es particularmente relevante en los casos de empresas multinacionales tractoras –es decir, con músculo suficiente para arrastrar a la industria auxiliar– y en los territorios en los que no existe un tejido importante de empresas de gran tamaño.

El informe de CEOE pone en este sentido en el punto de mira a los PERTE , los tan cacareados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, cuya aprobación en Consejo de Ministros ha sido vendida a todo trapo desde el aparato de comunicación del Gobierno, pero que todavía no se han concretado en convocatorias concretas de ayudas en ninguno de los tres grandes proyectos aprobados: vehículo eléctrico y conectado, salud de vanguardia y energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Mucho ruído, pero pocas nueces.

El del vehículo eléctrico, por ejemplo, fue aprobado por el Gobierno el pasado 13 de julio, aunque las bases reguladoras de las convocatorias no se publicaron hasta el pasado 28 de diciembre. El Gobierno prevé inyectar 4.300 millones de euros de recursos públicos (del fondo UE) en este proyecto estratégico, pero para que cuaje necesita movilizar 19.700 millones de euros de inversión privada. Y algo similar sucede con los otros seis PERTE pendientes: los dos ya aprobados; los dos anunciados y en fase de definición – el que pretende impulsar la economía de la lengua española y el de la economía de los cuidados–; y los dos que están en fase de estudio, el de la cadena agroalimentaria sostenible y el de la industria aeroespacial.

CEOE entiende que es urgente que el Gobierno acelere las convocatorias de ayudas asociadas a estos proyectos transformadores y no sólo por su potencial transformador para la economía, sino porque también son la llave para que las empresas españolas ganen peso en los Ipceis, los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, que ofrecen unas condiciones ventajosas en materia de ayudas de estado y que están orientados al refuerzo de las capacidades estratégicas de la economía de la Unión Europea.

Las urgencias de los empresarios están lejos de ser compartidas por el Gobierno. En Moncloa están convencidos de que el simple anuncio de que se van a canalizar grandes cantidades de millones de euros hacia determinados sectores de actividad, que el Ejecutivo ha decidido señalar como estratégicos, es incentivo suficiente para que la inversión privada aguarde a la llegada de esos fondos. Y no sólo eso sino que entienden que también va a hacer que las potenciales empresas beneficiarias inicien las inversiones y las contrataciones necesarias para poder desarrollar esos proyectos estratégicos, aún cuando esos recursos públicos no les hayan llegado todavía.

«Hay que asegurar que la falta de agilidad administrativa no se convierta en una amenaza », advierten los empresarios, a los que no sólo preocupa la lentitud con la que los fondos europeos están llegado a cuentagotas a las empresas sino el resto de problemas de funcionamiento que han detectado en estos primeros meses de operativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España.

Entienden, por ejemplo, que el diseño de las convocatorias está dificultando que pymes y autónomos puedan acceder a las ayudas al dar plazos de tiempo demasiado reducidos para presentar los proyectos. Recuerdan el caso de una convocatoria de ayudas de 90 millones de euros a pymes lanzada por el Ministerio de Industria el pasado mes de agosto y que solo tuvo una ejecución del 10% porque apenas se dieron ocho días para presentar proyectos.

También subrayan que la obsesión del Gobierno por controlar la distribución de los fondos europeos está haciendo que los gobiernos autonómicos no tengan capacidad real para adaptar las convocatorias a las necesidades reales de su territorio, lo cual estaría incidiendo en la ineficacia del sistema de ejecución de las ayudas . Los datos que maneja CEOE señalan en este sentido que las autonomías solo han tenido control sobre el 14% de los fondos que han recibido.

Otro ‘pero’ tiene que ver con el reducido porcentaje de confinanciación de las convocatorias realizadas hasta la fecha, donde la aportación pública media ha sido del 30%, un porcentaje que se considera excesivamente reducido si se tiene en cuenta que el tejido empresarial español está aún saliendo de las dificultades causadas por la Covid.

Para resolver todos estos problemas, la organización empresarial considera imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de los fondos europeos. Reclama que la norma reguladora del marco legal de gestión de los fondos, encallada desde hace un año en el trámite de enmiendas, se desarrolle como proyecto de ley para introducir las medidas de mejora que entre otros ha reclamado la Comisión Europea y que se apliquen todas las disposiciones de refuerzo de personal que se preveían en esa norma.

La información oficial proporcionada por el Gobierno de España revela que la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, creada de manera específica hace un año para engrasar la ejecución de los fondos europeos y garantizar su fiscalización, está operando con alrededor de la mitad del personal que se previó en principio. Hacienda diseñó esta nueva Dirección General con la idea de que contara con 86 funcionarios públicos, pero según la última actualización de datos del Gobierno doce meses después apenas están trabajando en la misma 49, mientras que hay 37 puestos todavía por cubrir.

Las carencias son menos evidentes en los departamentos de Programación y Gestión del Plan, pero son muy significativas en las unidades encargadas del Seguimiento y Control de las inversiones del fondo y el de gestión de solicitudes de pago. Las carencias de personal se extienden a la Secretaría General de Fondos Europeos, el órgano encargado de la coordinación administrativa de los fondos y del contacto con las autoridades europeas, que aún no tiene ni la mitad de su Gabinete Técnico cubierto.