Alarma en la gran empresa: «Los Perte son como la fórmula de la Coca Cola»

Numerosas fuentes empresariales consultadas por ABC insisten en denunciar la «opacidad» y la «falta de transparencia» a pocas semanas de recibir más de 9.000 millones en ayudas, el 13% de los fondos pactados con Bruselas , que se esperan para finales de julio. Además, muestran sus dudas sobre el riesgo de que el Gobierno, en su afán por reducir los plazos de ejecución de los fondos, reduzca también la competencia de empresas que optan a los proyectos. Trabas que, advierten, pueden terminar expulsando a los candidatos del proceso o, al menos, de erosionar significativamente su interés.

La cuestión no es un asunto menor pues, según reza el real decreto que los desarrolla, por Perte se entienden «aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española». Son la herramienta con la que se espera convertir a España en una economía competitiva y moderna. Pero el paso de las musas al teatro parece que se resiste. Una de las posibilidades que baraja el Gobierno, según las mismas fuentes, es impulsar lo que se conoce por sociedad vehículo especial (SPV por sus siglas en inglés 'special purpose vehicle') en la que el Estado y las empresas compartan capital. La fórmula se ve con buenos ojos en el departamento de Asuntos Económicos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha , aunque ha generado reticencias entre algunos empresarios. También ha provocado un debate entre el propio Ejecutivo y los altos funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica , pues algunos consideran que no ofrece suficiente seguridad jurídica.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas , el Gobierno ya abría la puerta a invertir a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) en nuevas empresas para impulsar las renovables, aunque incluía un amplio abanico de posibilidades con las que hacerlo. El documento menciona en concreto la posibilidad de que el IDAE articule sus actuaciones por medio de la entrada directa en el capital social de empresas existentes, la entrada en el capital de Uniones Temporales de Empresas (UTE), las SPV o 'joint-ventures' que se puedan crear con otros socios.

Pero más allá de estas posibilidades, los empresarios, incluso de algunas de las empresas que participarán en alguno de los Perte ya anunciados, reconocen en privado que no se conoce más. «Los Perte son como la fórmula de la Coca Cola », se lamenta con ironía un alto ejecutivo que pide guardar el anonimato. En la CEOE, donde se trabaja contra reloj para que la llegada de los fondos no caiga en saco roto, comparten esta incertidumbre. «Es importante que el Gobierno avance en la concreción de los Perte para que las empresas tengan seguridad jurídica y certidumbre sobre cómo poder participar y contribuir a transformar nuestro modelo productivo dentro de una gran iniciativa de país», asegura Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal.

Según relata, en los últimos meses se ha puesto el foco en el contenido del Plan, pero «ahora urge acelerar sus aspectos operativos, es decir, agilizar la puesta en marcha de los canales y ventanillas para la llegada de las ayudas a las empresas». Explica además que en CEOE están detectando que las empresas reclaman «información clara respecto de la arquitectura de los fondos y su avance y aplicación en España» y por ello la patronal ha puesto en marcha la plataforma digital, 'CEOExEuropa' , para guiar a las empresas, grandes, pequeñas y autónomos.

En el mundo jurídico, el ambiente que se palpa es el mismo. «Los criterios para definir cuándo estamos ante un Perte de carácter innovador o estratégico están poco definidos porque solo hay un listado de criterios pero que no son taxativos. Hay una sensación de inseguridad clara entre los distintos actores porque las empresas y las administraciones han solicitado considerar sus proyectos como estratégicos en muchos casos y no se saben cuáles van a ser aprobados y cuáles no», asegura Javier Vázquez Matilla , doctor en Derecho y especialista en contratación pública. «Además, ya tendría que estar creado el registro de entidades beneficiarias de los Perte y no lo está. Llama la atención que sí que se haya dado publicidad de algunos Perte como proyectos cerrados sin que haya habido una aprobación del Consejo de Ministros », se lamenta. Una situación similar se da con el grupo de alto nivel que el presidente Pedro Sánchez aseguró que coordinaría la colaboración público-privada, que tampoco ha visto finalmente la luz.

Precisamente, la magnitud del volumen de ayudas preparadas por la Unión Europea , que multiplican por cuatro las inyectadas el último lustro, y los problemas mostrados en España para asumir la última hornada de fondos comunitarios generan desconfianza respecto a la capacidad de digestión del dinero. Y escuelas de negocio como Esade plantean precisamente la profesionalización de la gestión de estos programas para que pidan ayudas. En uno de sus últimos informes la escuela catalana sitúa a España a cola de países en capacidad para certificar los fondos europeos recibidos para llevar a cabo sus propios proyectos. Recuerda que a finales de 2019 apenas se habían validado proyectos por un importe equivalente al 35% de los fondos solicitados. Y se pregunta: «Si gestionar 56.000 millones en siete años está generando tantos retrasos y, al parecer, incapacidad, ¿qué pasará con una cantidad cuatro veces mayor y para un periodo similar?».

El real decreto que debía despejar toda esta burocracia no parece contentar tampoco a los profesionales. Las críticas a la norma –que fue convalidada entre una fuerte polémica y gracias al apoyo de Vox al Gobierno en el último minuto de la votación– son generalizadas. «Tal y como está redactado el real decreto de los fondos no hay seguridad jurídica alguna para la empresas. De hecho, hay un riesgo real de que esto desencadene una batería de pleitos porque está planteado todo de una manera tan general y vaga que al final depende de la aleatoriedad que quieran darle en La Moncloa y las compañías no saben a qué figura jurídica acogerse», remarca el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle .

Precisamente, el marketing político que ha acompañado los anuncios de los proyectos, como el de Seat e Iberdrola para poner en funcionamiento la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España, ha tenido algo de efecto bumerán para el Gobierno , generando más dudas sobre su adjudicación que alegrías por el proyecto en sí. «Existe la sensación de que si una empresa privada propone un proyecto y consigue llegar a la administración va a poder ejecutar no solo su parte privada, sino también actuaciones públicas que deben estar sometidas al principio de concurrencia y de igualdad de trato. El respeto de la competencia no está claro. Y la clave del éxito está en ser extremadamente escrupulosos con los procedimientos», concluye Vázquez Matilla.