Cabify estima que pagará más impuestos que todo el taxi en 2019

El debate sobre la situación fiscal de Cabify se produce porque, pese a ser una empresa española, su matriz está instalada en Delaware (Estados Unidos), un territorio que ofrece unas exigencias tributarias más laxas que nuestro país. La compañía siempre ha defendido que este condicionante fue impuesto por los inversores que participaron en las primeras rondas de financiación de la empresa. Pero ello no ha evitado que el sector del taxi y Podemos, que se ha posicionado del lado del gremio en esta particular pugna, critiquen en numerosas ocasiones su estructura.

«Un partido político no debería intentar proteger un monopolio, pero estamos dispuestos a mantener un contacto directo con todas las formaciones», explican desde la compañía. Cabify denunció a Podemos el pasado mes de junio por «dañar gravemente su honor» con sus acusaciones de elusión fiscal.

La plataforma, sin embargo, no se cierra a colaborar con el taxi a medio plazo en España, como ya hace en otros países. Además, tiene previsto incrementar su presencia en nuestro país, donde cuenta con 400 empleados .

Desde un punto de vista general, la compañía prepara la salida a Bolsa «de un alto porcentaje» de su capital social. Su debut bursátil está previsto para finales de 2019 o principios de 2020 . Y, en principio, se producirá en España, donde cotizará si «lo permiten» los socios estadounidenses de la firma dedicada a la movilidad.

Lo que sí descarta tajantemente la compañía es participar en el proceso de concentración que se prevé dentro del sector de la movilidad. «Contamos con una posición que nos permite vetar cualquier tipo de operación», apuntan desde la plataforma.

Todos los planes de Cabify, sin embargo, están condicionados por la regulación. Y es que el plan del Gobierno de dejar en manos de las comunidades y los ayuntamientos la gestión de las VTC (licencias de vehículos con conductor, con las que operan estas plataformas) puede acabar suponiendo el cese de la actividad de la compañía en España.

El sector da por hecho que si las competencias recaen en los consistorios estos impondrán una segunda licencia a las VTC para operar. No hay que olvidar que Ada Colau ya intentó esto en Barcelona. Como resultado, miles de vehículos de Uber y Cabify deberán cesar su actividad. «No podríamos operar», explican desde la tecnológica.

La patronal de las VTC, Unauto, considera que esta medida supondría pérdidas millonarias para el Estado, que tendría que enfrentarse a una avalancha de demandas por parte de los propietarios de estas licencias. Hay que tener en cuenta que ya hay más de 11.000 de VTC circulando en España . Desde Cabify, por su parte, explican que han solicitado en varias ocasiones una reunión con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para defender su posición, que pasa por suprimir las restricciones del taxi (horarios, tarifas...) en lugar de imponer nuevas barreras a las VTC. Por el momento, su petición no ha sido atendida.