Bruselas limitará el gasto público de España a partir del año que viene

Así, el Ejecutivo comunitario pasará a escudriñar el gasto de España. Todo dependerá, eso sí, de la bajada del déficit. Las administraciones encarrilan la parte final del año con el objetivo de acelerar su ajuste y reducir así su agujero al 3% del PIB, frontera a partir de la que España dejaría atrás la tutela de Bruselas, en la que lleva inmersa desde 2009. En los despachos del Ministerio de Hacienda la salida del PDE es la gran prioridad y el propio Gobierno, en el plan presupuestario remitido a Bruselas, prevé un déficit del 2,9% del PIB para este año sin contar ayudas a la banca y los llamados «one-off» extraordinarios.

Las ayudas a la banca se prevén que sean del 0,1% del PIB, y España necesita reducir su agujero total al 3% incluyéndolas, por lo que la salida camina en el alambre. Así lo señala la Comisión, en su informe sobre el programa presupuestario, en el que no cree que España logre escapar del PDE en abril de 2018, como sí espera el Gobierno. El Ejecutivo necesita, además, garantizar a la CE que en los próximos dos años el déficit será menor a esta cota. La negociación entre Gobierno y Comisión será intensa y se decidirá por una escasa décima del PIB.

Pero, si se sale de la tutela del déficit, irrumpirá la regla de gasto. Este indicador se ha popularizado en los últimos meses, a raíz de la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda por su incumplimiento. La regla fija un tope de crecimiento del gasto público, referenciado al PIB potencial -este año es del 2,1%-. Si el desembolso aumenta por encima de este límite, se incumple.

La regla de gasto se trata de un tope contracíclico que impide gastar mucho a una administración en el momento en el que reduce su déficit o consigue superávit. Hasta entonces, no cobra tanta relevancia, porque el objetivo de déficit es más severo . Así, cuando una administración consigue equilibrio, la regla de gasto pasa a ser su quebradero de cabeza.

El objetivo de la regla es sanear las cuentas públicas en la época de vacas gordas para prevenir futuras crisis. De esta forma, si una administración quiere gastar más del tope, debe elevar los ingresos para ello y así, si se presenta una recesión, el sector público cuenta con un colchón mayor para encararla. La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que si España hubiera aplicado desde 2002 la regla de gasto, su deuda pública sería 300.000 millones menor -estaría así en el 72% del PIB, y no en el 98%-, lo que hubiera permitido capear la crisis con recortes públicos menos abruptos.

Los ayuntamientos está en superávit desde 2012, por lo que la regla de gasto se ha convertido en su verdadero corsé: Hacienda les obliga a dedicar el excedente a reducir deuda y pagar a proveedores. Según el Banco de España, los municipios tienen 21.871 millones aparcados en depósitos y cuentas bancarias que el Ministerio no les deja gastar. Algo parecido a lo que ocurre con Madrid y su superávit.

¿Por qué se hace cumplir este indicador con mayor rigor sobre los municipios? Como comunidades autónomas y Gobierno central llevan toda la crisis en déficit, la regla de gasto ha tenido una severidad menor -aunque el Estado la ha incumplido dos veces desde 2012-. La reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución, solo obliga al equilibrio presupuestario a las entidades locales. Asimismo, el Gobierno cuenta con el superávit de los consistorios para cubrir el incumplimiento de la Administración Central y de la Seguridad Social este año, y así salir de la tutela comunitaria. El déficit importa más que la regla de gasto.

Algo parecido ocurre en la vigilancia de Bruselas a los Estados miembros. Solo España y Francia siguen con un déficit superior al 3%. El Ejecutivo de Macron prevé bajarlo de este umbral este año, por lo que abandonaría el PDE en abril de 2018. España quedaría así como el único país incumplidor de la UE, un sambenito que el Gobierno no quiere cargar .

Si sale del PDE, al dejar de tener importancia el déficit, la Comisión reforzará y vigilará con mayor enjundia la regla de gasto y la deuda. España deberá recortar su pasivo público, a razón de dos puntos al año hasta converger con el objetivo del 60% del PIB . El otro indicador, junto a la regla de gasto, es el déficit estructural, esto es, aquel que deja fuera las partidas cíclicas. La meta es alcanzar el 0%, por lo que España debe ajustar un 0,5 del PIB al año su boquete.

La regla de gasto europea, en opinión del presidente de la Airef, José Luis Escrivá «es más exigentes que la española» . Toda vez que la UE descuenta, a la hora de vigilar su cumplimiento, el desembolso destinado al pago de intereses de deuda, a inversión pública, prestaciones de desempleo o programas europeos. Como fuere, Bruselas vigilará la regla de gasto del conjunto de las administraciones, no de cada subsector.

¿Qué consecuencias tendrá en el futuro que España incumpla con este indicador? Si en el brazo preventivo el Gobierno rebasa la regla de gasto, el objetivo de deuda o el ajuste estructural, España podría volver al brazo corrector en el que está ahora mismo, pese a que su déficit fuera inferior al 3%, apuntan fuentes comunitarias.

Como fuere, salir del PDE supondría un salto cualitativo. Dentro del brazo corrector, España se expone a recibir sanciones económicas si incumple los objetivos de déficit, como casi ocurrió el año pasado. Fuera de este perímetro, en el lado preventivo, se mantiene la vigilancia, pero el incumplimiento ya no entraña multa, como casi ocurre el año pasado.

Si bien nuestro país tiene un gasto público inferior a la media comunitaria -del 42,4% del PIB frente al 47,2%-, aunque ello es así porque sus ingresos son mucho menores también a lo que se suele recaudar en la UE: España ingresa un 37,7% del PIB, seis puntos menos que en la media de los países de nuestro entorno. El déficit público, así, es el mayor de la UE: del 4,3% en 2016.

La regla de gasto que ahora pide el Congreso al Gobierno permite no aplicarla a los ayuntamientos en superávit, que paguen en hora y con una deuda inferior al 110% de sus ingresos. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió con la Federación Española de Municipios y Provincias a reformarla, para hacerla menos restrictiva .