El Estado debería 300.000 millones menos si Zapatero hubiese aplicado la regla de gasto de Montoro

La regla de gasto la implantó en 2012 el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro junto a los umbrales de déficit y deuda, y limita el desembolso de las Administraciones por debajo de lo que crece el PIB. Se trata de un indicador contracíclico que reduce el gasto en época de vacas gordas y suaviza el ajuste cuando llegan las vacas flacas. Hacienda exige su cumplimiento a regiones, ayuntamientos y al propio Estado.

Al analizar la evolución de la deuda con la regla de gasto desde 2002, se observa que España debería 300.000 millones de euros menos, ya que la Administración durante los años de bonanza hubiera contenido su desembolso y así hubiera tenido un colchón de liquidez para endeudarse menos después. En lugar de eso, entre 2002 y 2008 apenas hubo superávit ya que el gasto no se ajustaba automáticamente, sino que crecía espoleado por la favorable situación económica.

De esta forma, al estallar la burbuja inmobiliaria en 2008 España se enfrentó a una crisis en las arcas públicas: la recesión hundió los ingresos y se disparó el déficit público. Con la Ley de Estabilidad que aprobó Hacienda en 2012, España hubiese enfrentado mejor la crisis. No disponer de la regla de gasto hasta entonces provocó que la Administración no tuviera margen presupuestario y tuviera que hacer un recorte más severo, sobre todo en los últimos años.

Los cálculos de la Airef tienen sus limitaciones, ya que no estiman el efecto regresivo sobre el crecimiento que hubiera tenido el menor gasto público. La recesión en España hubiese sido mayor en ciertos años, si bien la institución no ha calculado cuánto.

Como fuere, con regla de gasto o sin regla de gasto, el tamaño del ajuste durante la crisis hubiera sido parecido, lo que hubiese cambiado sería la posición de arranque y que los recortes hubiesen sido más graduales . Así, se observa que el déficit público sería mayor ahora si se hubiera implantado la regla de gasto antes, ya que este mecanismo necesita de otros instrumentos de control adicionales –como los límites de déficit público– para ajustar en épocas de vacas flacas. Han sido estos límites fijados por Hacienda los que han reducido el déficit público en los últimos años.

De hecho, en la UE la regla de gasto solo se aplica cuando los países tienen un déficit menor del 3% del PIB y no es obligatoria. España es más exigente. Hacienda sí demanda su cumplimiento al Gobierno central, comunidades y ayuntamientos aunque tengan amplios déficits públicos. Con la actual mejora económica, la regla de gasto cobrará más importancia en los próximos años, ya que las administraciones tendrán cuentas más saneadas y no podrán aumentar el gasto por encima del tope que les marca este corsé fiscal.

Gracias a la regla de gasto, los ayuntamientos tienen superávit público . Aunque estaban en una situación más favorable que comunidades y Estado, en los últimos años estaban limitados por la regla de gasto. Al contener su gasto, su saldo presupuestario no ha hecho más que mejorar. Un fenómeno que puede frenarse el próximo año, como ha alertado la Airef, ya que Hacienda pone más énfasis en el umbral de déficit y en plena mejora económica los municipios pueden aumentar su gasto por encima de lo que marca la regla.

Se trata de uno de los tres indicadores de control de Hacienda sobre las administraciones que incluye la ley de estabilidad de 2012, junto al déficit y la deuda. La regla de gasto impide que el gasto público aumente por encima de una tasa referenciada al crecimiento de la economía que se aprueba cada año. Solo se puede superar si este exceso se compensa con reformas fiscales con carácter permanente.

Se calcula sobre el gasto computable , es decir, se excluyen los intereses de deuda, el gasto no discrecional por desempleo, los fondos financiados por la UE u otras administraciones, las transferencias a administraciones territoriales y las inversiones financieramente sostenibles –en el caso de las corporaciones locales–.