Bruselas volverá hoy exigir al próximo Gobierno un drástico recorte de 7.000 millones

En concreto, tal y como informó ABC, la Comisión Europea insistirá en su exigencia de un recorte de 7.000 millones de euros bien en mayores ingresos o menores gastos. Se trataría de un ajuste estructural del 0,65% del PIB frente al 0,1% contemplado en el borrador remitido desde España. Es probable que Bruselas insista en que España aproveche cualquier ingreso extra para reducir deuda.

El Plan Presupuestario remitido a Bruselas era una prorroga de los Presupuestos Generales de 2018 y se comprometía a subir los sueldos públicos un 2% y las pensiones, un 0,9% con el IPC, lo que incrementaba el gasto cuatro veces más de lo fijado por las autoridades comunitarias. Ya en octubre la Comisión echó un jarro de agua fría sobre estos planes al afirmar que «en general, estos elementos no parecen estar en línea con los requisitos de política presupuestaria» pactados entre la UE y España. En este sentido, ha añadido que «apuntan a un riesgo significativo de desviación en 2020 y a lo largo de 2019 y 2020 en conjunto».

En cualquier caso, en el borrador remitido a Bruselas, el Ejecutivo en funciones apenas rebajaba sus previsiones de crecimiento una décima hasta el 2,1% para este año y el 1,8% en 2020. Lo que justificaban en la revisión estadística de la Contabilidad Nacional Anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha supuesto una rebaja del crecimiento del PIB en el periodo 2016-2018.

Este plan contemplaba un compromiso de reducción del déficit manteniéndolo en el 2% del PIB para 2019, en tanto que lo ajusta dos décimas hasta el 1,7 % del PIB en 2020, aunque advirtiendo que por la naturaleza de la situación política no se incluía ninguna medida fiscal adicional. De igual modo también recogía otras medidas como revalorización de las pensiones del 0,9% en 2020 con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas o el incremento del sueldo de los funcionarios en un 2%.

España ha salido este año del procedimiento comunitario por déficit excesivo y pasado al llamado brazo preventivo, dónde el control de Bruselas se suaviza y se centra en el control de tres indicadores: el déficit estructural -en lugar del nominal-, el gasto público y la deuda.

El Ejecutivo defendió ya en octubre que el posible incumplimiento se produciría a que este borrador no contempla medidas fiscales nuevas ya que se carece de un Ejecutivo con plenas competencias.