Los barones cierran filas contra el plan fiscal de Sánchez para Cataluña

Según ha podido saber ABC, las comunidades que más han mostrado su beligerancia hacia el supuesto plan fiscal a la carta para Cataluña son las que en su día se beneficiaron acogiendo a las empresas que dejaron la comunidad por el acoso independentista. Entre ellas, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco , si bien fue Madrid la que definitivamente se convirtió en el nido más acogedor para las huidas por su estabilidad y sistema fiscal amable. Cataluña no solo cuenta con uno de los IRPF más elevados de España, también es la autonomía que tiene más impuestos propios, una catarata de tributos entre los que se incluyen cánones del agua, gravámenes de protección civil, impuestos verdes o sobre las viviendas vacías. Sánchez debe ser muy cuidadoso en este terreno porque discriminar positivamente a Cataluña sería «ilegal», precisan fuentes empresariales.

A preguntas de este periódico, el presidente de Aragón y líder regional del PSOE, Javier Lambán , prefirió guardar silencio y no pronunciarse «hasta que se conozcan más detalles» sobre los incentivos que planea Sánchez. Su silencio se interpreta como muy significativo en un momento políticamente sensible en las filas socialistas, ya que hay marejada en el PSOE regional por la promoción de la sanchista Pilar Alegría, informa Roberto Pérez.

Con todo, fuentes socialistas conocedoras de los contactos entre algunos barones socialistas - como el valenciano Ximo Puig, el castellano-manchego Emiliano García-Page o el propio Lambán- con La Moncloa aseguraron a ABC que le han reclamado al presidente del Gobierno que no están dispuestos a consentir que se incentive mediante ayudas la vuelta de compañías a Cataluña.

Mucho más explícito fue el presidente de la patronal aragonesa, Ricardo Mur , que rechazó «cualquier incentivo fiscal que busque beneficiar a unos territorios frente a otros, es un agravio». Consideró que las alianzas de Sánchez con los nacionalistas para mantenerse en el poder «son un trato más favorable hacia territorios como Cataluña o el País Vasco que hacia Aragón».

Quien sí se pronunció fue el presidente de la patronal aragonesa, Ricardo Mur. Rechazó «cualquier incentivo fiscal que busque beneficiar a unos territorios frente a otros, es un agravio» . Consideró que las alianzas de Sánchez con los nacionalistas para mantenerse en el poder «son un trato más favorable hacia territorios como Cataluña o el País Vasco que hacia Aragón». Esta región ya sufre desventaja competitiva por su vecindad con Navarra, que junto al País Vasco disfruta de ventajas de la foralidad.

Ricardo Mur cree que si ahora se crea también un agravio comparativo con Cataluña, además de suponer un perjuicio para el resto de autonomías del régimen común, se pondrá en entredicho la lealtad institucional: «A la larga se pueden ver perjudicados territorios que, como Aragón, contribuyen a la estabilidad política y económica de España, cuando lo que se debería hacer es favorecerlos, apoyarlos» .

Otra de las comunidades más beneficiadas por el éxodo de empresas desde Cataluña fue la valenciana. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, rechaza privilegios de cualquier tipo que generen ‘dumping’ fiscal, por tanto, un plan como el ideado por Sánchez para Cataluña. Puig ya ha hecho pública su posición sobre un eventual concierto fiscal para Cataluña y reclama que si el Gobierno de Pedro Sánchez abre una negociación al respecto con el Ejecutivo catalán debe extenderlo al conjunto de autonomías: «Si el modelo de financiación futuro pasa por traer el concierto a todo el ámbito autonómico, ningún problema. Lo que no se puede es generalizar la desigualdad», según Puig, informa Alberto Caparrós. Defiende además un modelo federal para no ahondar en las desigualdades entre comunidades. La Comunidad Valenciana fue una de las autonomías que albergaron el domicilio social de empresas catalanas tras la ‘estampida’ provocadas por el ‘procés’. Entre ellas, Caixabank, cuya sede sigue en Valencia, y el Sabadell, radicado en Alicante.

Desde Castilla-La Mancha fuentes cercanas al Gobierno de Emiliano García-Page aseguraron a este diario que es inadmisible que las reglas de juego sean diferentes para una comunidad y que «el dinero de todos los españoles se dirija a una y discrimine a otras» , informa Antonio González . Las mismas fuentes defendieron que sean las empresas las que decidan en qué territorio quedarse. «Habría que preguntarse por qué se han ido tantas empresas de Cataluña y quién es el responsable».

«Consideraría inadmisible un trato de favor del Gobierno central a Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta que regiones como Andalucía están gravemente infrafinanciadas desde hace doce años. Entre financiación y fondos Covid , el Estado acumula una deuda con nuestra región de, al menos, 10.835 millones», relata a ABC el consejero de Transformación Económica, Conocimiento, Industria y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco. «Vamos a estar muy vigilantes contra los privilegios económicos a terceros en detrimento de otras regiones. Seremos un muro de contención contra pactos insolidarios, que solo benefician a una parte de la población», apunta.

Velasco aseguró que en Andalucía «demostramos que, con un tremendo esfuerzo, estamos haciendo de nuestra comunidad un destino atractivo para las inversiones. A ello contribuye, sin duda, la estabilidad que han sabido crear desde el Gobierno de coalición ». Añade el consejero que «la estabilidad institucional y política es un factor que atrae empresas y mientras en algunas regiones trabajamos por dar estabilidad política, y construir un verdadero oasis social, otros, con sus actos, provocaron la huida masiva de empresas. Al margen de todo ello, hemos conseguido articular y gestionar una batería de medidas extraordinarias de apoyo a pymes y autónomos para paliar los durísimos efectos de la pandemia».

Relató el consejero andaluz que la región sigue «avanzando en la recuperación económica, a través del refuerzo del tejido productivo y de la captación de nuevas inversiones». Entre las medidas aprobadas por esta región está «un ambicioso plan de mejora para la regulación económica, centrado en la simplificación de trámites burocráticos para las actividades que afectan a la actividad económica; un plan de acción para el impulso y la modernización del sector industrial; la puesta en circulación de nuevos fondos de capital riesgo impulsados desde la propia Consejería; la activación del Plan General de Emprendimiento; o la creación de la nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Andalucía Trade), una herramienta, fruto de la fusión de cuatro entes públicos, que actuará como ventanilla única empresarial para todas las necesidades de las empresas».

El consejero mostró, por último, su preocupación porque los fondos europeos se utilicen «de forma encubierta» para facilitar objetivos políticos , de forma que se termine primando a regiones más desarrolladas, como Cataluña, en detrimento de otras como Andalucía, «que son las destinatarias naturales de estos fondos».

Como ya informó ABC, la reforma fiscal que planea el Gobierno de Sánchez ya prevé beneficios para Cataluña y castigos para Madrid. La hoja de ruta del Ejecutivo de coalición incluye subidas de Patrimonio y Sucesiones ya en 2022 de la mano de los Presupuestos (eso pretende Podemos, aunque el ala socialista y Sánchez se resisten) . La idea es la armonización de ambos impuestos en toda España, que en el caso de Madrid están bonificados al 99% en el primer caso y al 100% en el segundo caso, lo que hace que este tributo en la práctica no exista. Madrid mantiene una política de impuestos bajos desde 2014, ha exprimido la autonomía fiscal que tiene, junto a las comunidades de régimen común, por lo que pueden subir o bajar impuestos como Patrimonio o Sucesiones al nivel que deseen. El manejo de esta competencia es lo que ha distinguido a la autonomía madrileña de otras regiones; ha permitido a los ciudadanos pagar menos y ha logrado atraer a empresas de todas las partes del mundo, a diferencia de Cataluña.

Según los últimos datos del Colegio de Registradores , desde el cuarto trimestre del 2017 –cuando se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre– 6.200 empresas hicieron las maletas y dejaron Cataluña. Entre ellas, más de la mitad escogieron Madrid como su destino.