Bankia pide expulsar del juicio a los inversores que ya han recuperado su dinero

Además, Bankia y BFA han asegurado que algunas acusaciones particulares no han aportado los títulos de su supuesta inversión, señalan que algunos supuestos perjudicados han fallecido y denuncian que otros adquirieron sus acciones en el mercado secundario, después de la salida a Bolsa, lo que está fuera del juicio. «No sabemos quien se sienta ahí enfrente y eso nos causa indefensión» , han alegado sobre la banqueta donde se colocan los letrados de las acusaciones del caso.

Con esa reflexión, Bankia ha asegurado que solo 205 personas físicas y 5 personas jurídicas (englobadas en 176 cuentas bancarias) tienen legitimación para acusarles por ser perjudicados y estar correctamente personados. Los letrados cifran el resarcimiento necesario para todos ellos en menos de dos millones de euros y han explicado que la fianza de responsabilidad civil es suficiente para satisfacerles.

En un primer momento unos 11.000 perjudicados se personaron en el proceso como acusaciones particulares , aquellas que representan a los perjudicados, y Bankia solicita que se aclare quiénes tienen derecho a acusarles correctamente. Según los abogados de Bankia, esta incertidumbre les genera indefensión y debe suponer el archivo de la causa contra ambas entidades antes de que el juicio se adentre en el fondo del asunto, el momento de la batalla entre los argumentos.

Aunque las entidades han pasado por encima, los abogados de los antiguos directivos de las entidades han continuado invocando la aplicación de la doctrina Botín para salir del juicio, una cuestión que dependería del filtro de las acusaciones particulares. Las defensas de muchos consejeros defienden que no deben ser enjuiciados al no estar acusados por la Fiscalía Anticorrupción ni por el FROB, el fondo de rescate español que dirigió la reestructuración bancaria tras el derrumbe por la crisis financiera. El FROB, dependiente del Ministerio de Economía y representado por la Abogacía del Estado, es el perjudicado por la operación, más allá de los pequeños inversores que compraron acciones de Bankia en la ops.

Invocan así la llamada doctrina Botín, una regla que fijó el Tribunal Supremo en el año 2007, según la cual una acusación popular no es suficiente para enjuiciar a una persona si el supuesto perjudicado no encuentra razones para acusar. Emilio Botín, el fallecido banquero, no fue juzgado en 2007 precisamente porque solo la acusación popular le acusaba de defraudar a la Hacienda Pública, nadie más. Existen excepciones a esta doctrina, como por ejemplo en aquellos delitos que por su naturaleza no tienen un perjudicado concreto al proteger un interés colectivo. Esa interpretación llevó al banquillo, por ejemplo, al político Juan María Atutxa.

Esa petición de las defensas, en la que también confían Bankia y BFA, fue virtualmente desactivada por la Fiscalía Anticorrupción en la primera sesión del juicio oral. El Ministerio Público, que ahora mismo solo acusa por estafa a Rato, Olivas, Verdú y Norniella, abrió la puerta a endurecer su acusación y añadir el delito de falsedad contable, lo que supondría acusar también a los restantes 26 antiguos directivos sentados en el banquillo , a Bankia, a BFA y a Deloitte. Anticorrupción se reserva esta opción para el trámite de los informes finales, la fase en la que las partes expresan sus tesis definitivas al final de la vista oral.