Las bajas de más de un año se disparan un 27% con la Inspección médica colapsada

Las mismas fuentes denuncian que a este descontrol se viene a sumar que en la actualidad algunas direcciones provinciales no están realizando reconocimientos médicos a consecuencia del Covid-19. «Está paralizada la actividad, lo que refleja que no hay control de la incapacidad temporal», concluyen.

El impacto de esta parálisis se refleja en las cifras económicas. Los procesos abiertos de bajas con una duración superior al año se han disparado hasta julio en un 26,25% respecto al mismo periodo de 2019, lo que en términos absolutos supone 37.722 procesos más. De una media de 145.000 en año pasado se ha pasado a más de 182.000 en el primer semestre . Esto se traduce en que el peso relativo de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) en vigor de más de 365 días sobre el total de los abiertos ha pasado de representar el 21,65% en julio de 2019 al 27,02% en el mismo periodo de este año . Este ascenso desbocado de los procesos de más de un año puede tener un coste adicional de más de 660 millones este ejercicio, según los cálculos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) .

A lo largo del año se han producido menos procesos de baja por contingencias comunes, pero su duración ha sido mayor. La media hasta agosto se ha situado en 48,56 días . Desde marzo, cuando se declaró la pandemia estos ratios han escalado a cifras desconocidas con junio y junio como los meses con mayores duraciones, 74,63 días y 69,26 respectivamente. Son cifras mucho más elevadas que las registradas por Covid, con 21,86 días de media por baja.

Pero han sido los procesos de más de un año los que han provocado que el déficit de esta prestación pase de los 1.583 millones de 2019 a los casi 2.400 millones que están previstos para el cierre del año. Es decir, más de un 51% de incremento.

De la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social hasta agosto se desprende que la factura de la incapacidad temporal por contingencias comunes, sin incluir las contingencias profesionales , asciende a 7.785,69 millones, tras una ampliación presupuestaria. De este presupuesto, a finales de agosto se habían ejecutado 6.152,24 millones, es decir, el 80% cuando solo ha transcurrido el 66,66% de ejercicio.

Las fuentes consultadas por este diario explican que si la ejecución fuera uniforme podríamos alcanzar un gasto para 2020 que superaría los 9.200 millones en las prestaciones que pagan el INSS y las mutuas. A estas cifras habría que añadir los gastos directos para las empresas por cotizaciones, prestaciones económicas previstas legalmente y complementos y mejoras, incluidos en los convenios colectivos, lo que sumaría 8.990 millones más. De lo anterior se desprende que el gasto en ITCC podría ascender a 18.190 millones, es decir, un 9% más que en 2019.

A estos desembolsos habría que añadirles los costes de oportunidad de lo que se deja de producir por los más de un millón de trabajadores que faltan cada día a su puesto de trabajo. Los último cálculos de AMAT, correspondientes a 2018 sitúan el coste del absentismo para España en 85.000 millones lo que equivaldría al 7,7% del PIB. La cifra se espera muy superior a final de año, teniendo en cuenta la evolución de la ITCC, y podría llegar a representar entre el 9 y el 10% del PIB.

Este desequilibrio está muy ligado a la evolución económica. El miedo al despido provocó un drástico freno del absentismo laboral en España en los peores momentos de la crisis económica de 2008. La recuperación y la mayor estabilidad en el empleo que comenzó en el año 2014 hizo que ocurriera todo lo contrario, que las faltas al trabajo repuntaran y año tras año hayan marcado ratios récord. Como la venta de automóviles o el consumo eléctrico, el absentismo laboral es probablemente uno de los indicadores de recuperación económica más fiables. Ahora ocurre lo contrario, la economía está en recesión y habrá que ver cómo evoluciona el empleo para conocer cómo lo hacen las ausencias al trabajo en el conjunto de 2020.