El PNV aprieta a Escrivá para gestionar ya el ingreso mínimo y el ministro se escabulle

El pacto firmado entre el Gobierno central y el vasco incluía que la gestión del IMV estaría en manos de la hacienda vasca en octubre del año pasado. Hace unas semanas el departamento de Escrivá puso sobre la mesa una propuesta que ha sido calificada de «inaceptable» por el gobierno vasco y que ha derivado en un aumento de la tensión en el Parlamento. Ha sido durante la sesión de control al Gobierno cuando el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha acusado directamente a Escrivá de intentar vaciar el concepto de gestión del IMV y de «ignorar de forma deliberada» los mecanismos necesarios para su puesta en marcha.

No es la primera vez que el PNV muestra los dientes a Escrivá por este retraso. El propio portavoz de la formación, Aitor Esteban, ha afeado en otras ocasiones la actitud del ministro y ha recordado en varias ocasiones que el retraso suma ya ocho meses. «Los acuerdos están para cumplirlos no para negociarlos», aseguraba Esteban ante los argumentos de Escrivá.

Hoy, Barandiaran ha reclamado a Escrivá que «no entorpezca» el traspaso con sus condiciones y que sea consciente de las implicaciones que el acuerdo tiene con el concierto económico vasco y con el Estatuto del País Vasco, pues, en caso contrario, «supondría una ruptura de la confianza con su Ministerio». «Reaccione, pero sea consciente de las consecuencias de sus actitudes», ha avisado.

Escrivá se ha defendido asegurando que «en ningún caso» su intención es la de «obstaculizar» la transferencia y ha asegurado que la propuesta que tienen sobre la mesa refleja lo establecido en la disposición adicional quinta de la norma, que refleja precisamente el traspaso. De hecho, ha defendido que el planteamiento del Ministerio «va más lejos» que lo establecido en esta disposición y que por ello confía que ambas administraciones se pongan de acuerdo en esto.

La polémica en el Parlamento llega después de que la Asociación de Letrados de la Seguridad Social enviara ayer un duro comunicado , con copia al ministro Jose Luis Escrivá, en el que denunciaba la «inconstitucionalidad» del plan por atentar contra el criterio de caja única de la institución y establecer distinciones «discriminatorias» entre comunidades de primera y segunda. Según los letrados el Gobierno justificó la creación del ingreso mínimo vital para asegurar «un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional» dado que nuestro actual sistema estaba «fraccionado y presenta disparidades territoriales». Un propósito que quedará arrasado si se transfiere la titularidad de la gestión al País Vasco y Navarra sobre la base de «la especificidad que supone la existencia de haciendas forales».