La Airef pide más autodisciplina al Gobierno para no aumentar la vulnerabilidad de las cuentas públicas

La máxima responsable del organismo impuesto en su día -tras la gran crisis financiera de hace una década- por la Comisión Europea a España para disponer de una institución independiente que velara por la sostenibilidad de las cuentas públicas domésticas instó ayer al Gobierno Central a realizar «un ejercicio de autodisciplina» para evitar que el déficit estructural de las cuentas públicas españolas continúe ensanchándose -los cálculos del organismo es que ese desequilibrio se ha incrementando en más de 6.000 millones de euros tras la pandemia- e incremente la vulnerabilidad fiscal del país.

La Autoridad Fiscal tiene la buena costumbre de acompañar sus afirmaciones con datos que ilustran la magnitud del problema. Cristina Herrero advirtió de que de aquí a 2025 el Presupuesto del Estado va a tener que absorber 12.000 millones de euros más en gastos por intereses que no va a quedar otro remedio que extraer de otras partidas presupuestarias. Principalmente porque el fuerte empuje de los ingresos fiscales, que permitió rebajar el déficit público el año pasado en un punto más de lo inicialmente previsto se va a ir atenuando con el paso de los meses y acabará restando también empuje al crecimiento .

El escenario central que dibuja la Airef es que las cuentas públicas españolas continuarán mostrando una reducción del déficit y la deuda públicos en los próximos dos o tres años, pero que a partir de ahí y en ausencia de ajustes fiscales extra entrarán en una fase de estancamiento que mantendrá el déficit en el entorno del 3% del PIB y la deuda pública por encima del 120% del PIB. Mientras el Gobierno entiende que en un escenario sin ajuste fiscal la deuda se situaría en el 125% del PIB en 2040 ( ahora está en el 117% del PIB ), la Airef eleva esa ratio hasta el 140% del PIB.

¿Qué es lo que le espera a España en ese escenario? Según la Airef, las administraciones públicas tendrían que reducir el déficit estructural, recortando gastos o incrementando los ingresos, a razón de más de 1.000 millones de euros al año para dejar el nivel de deuda en el 100% del PIB, pero tendrían que hacerlo a razón de 4.000 millones de euros al año si lo que se quiere es situar el nivel de deuda pública en el 80% del PIB.