Acerinox rechaza la reforma laboral del Gobierno si introduce rigideces en el mercado

«Todo lo que sea enfocado a introducir flexibilidad para crear empleo, perfecto», ha subrayado en un encuentro telemático con la prensa previo a la junta de accionistas que se celebrará mañana y en la que ha estado acompañado por el consejero delegado, Bernardo Velázquez, quien ha destacado que en la industria «no hay precariedad laboral».

Ambos han dicho que no esperan grandes cambios en su próspero negocio en EE.UU. con la nueva Administración Biden. «Nos ha ido bien con demócratas y republicanos porque todos son proindustria» , ha afirmado Velázquez. «Creemos que no se va a distanciar mucho de lo realizado por Trump y mantendrá los aranceles del 25% a las importaciones de acero», situación que beneficia a la filial norteamericana de Acerinox, la cual, genera el 45% del negocio total del grupo español.

Rafael Miranda ha añadido que las previsiones en EE.UU. son muy buenas porque la economía del país está creciendo, se han aprobado unos millonarios estímulos y se va a poner en marcha un enorme plan de infraestructuras, «donde seguro que estaremos presentes». El único efecto negativo podría ser, cuando se lleve a cabo, la anunciada subida del impuesto de Sociedades.

Bernardo Velázquez ha destacado que Acerinox ha aumentado su producción un 8% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020 y un 80% la cartera de pedidos, a pesar de la ralentización del mercado automovilístico.

Miranda reconoció que Acerinox se encuentra en «un momento dulce» y aseguró que, a pesar de la incertidumbre existente por la resolución de la pandemia del Covid-19, se ve «luz al final de túnel». «Con el añadido de VDM -el líder mundial en la fabricación de aleaciones especiales cuya compra cerró hace algo más de un año-, vamos a jugar un papel importante en todo lo que son proyectos de regeneración de las economías», añadió Miranda.

Rafael Miranda ha insistido en los elevados precios de la electricidad que sufre este sector en comparación con los países vecinos y se ha mostrado a favor de que algunos costes de la factura de la luz sean compartidos por el resto de empresas energéticas, que es lo que ha planteado el Gobierno con el nuevo fondo que saca del recibo unos 7.000 millones de euros al año de las primas a las renovables para que sean asumidos por todas las compañías de energía del país.