"El Congreso debe enviar una señal firme a los mercados" aprobando el plan, cuyo costo real se espera que cueste menos que los 700.000 millones de dólares, de los cuales, "la mayor parte, si no todo, se recuperará", ha explicado Bush. El presidente considera que lo importante es que demócratas y republicanos "han alcanzado un acuerdo extraordinario para hace frente a una situación extraordinaria", ha añadido Bush, quien ha subrayado que "es una legislación audaz que estabilizará los mercados financieros".

Incapaces de alcanzar un pacto durante la semana, los líderes del Congreso se habían colocado como meta ponerse de acuerdo antes de que abrieran las bolsas en Asia, conscientes de que el retraso del programa de ayuda podría llevar a una caída libre de los mercados y de que las repercusiones a nivel internacional serían profundas, tal y como como ha demostrado la decisión del Gobierno británico de nacionalizar el banco hipotecario Bradford & Bingley (B&B) o la venta de una parte del grupo Fortis.

Finalmente, esta madrugada los líderes de la Legislatura alcanzaban un principio de acuerdo sobre sus líneas generales, que ha contado con el visto bueno del secretario del Tesoro, Henry Paulson. que ha afirmado que cree "que lo hemos logrado". Ese acuerdo se ha traducido en un texto legislativo concreto, la llamada 'Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008', de 106 páginas.

Tras la divulgación del documento, se dejará un período de análisis público de 24 horas, lo que significa que el voto de la Cámara Baja tendrá lugar a partir del lunes por la tarde. El Senado hará lo propio el miércoles, pues el martes no habrá sesiones por la fiesta del año nuevo judío. De ahí, si no hay obstáculos, irá a la Casa Blanca para recibir la firma del presidente, que ha explicado que "este es un voto difícil, pero con las mejoras hechas al proyecto de ley, tengo confianza en que el Congreso hará lo que es mejor para la economía y lo apruebe rápidamente".

Los más reacios a su aprobación han sido los republicanos de la Cámara Baja, a quienes una intervención de tal calibre les suena a socialismo, una palabra maldita en el discurso político estadounidense. Eric Cantor, uno de los principales negociadores de ese grupo, ha afirmado hoy en la cadena de televisión CNN que van a analizar la letra pequeña del proyecto para decidir si lo apoyan. No obstante, aceptó la idea de que el Gobierno adquiera los títulos que lastran al sistema financiero, lo que es una buena señal de cara a la aprobación del paquete en el Congreso.

El programa, que aspira a ser una de las mayores intervenciones en los mercados en la historia de Estados Unidos, tiene como principal objetivo desbloquear el flujo del crédito con la adquisición por parte del Gobierno de la deuda de mala calidad que intoxica los balances de los bancos. Para ello, utilizará un máximo de 700.000 millones de dólares. No obstante, el texto incluye nuevas cláusulas negociadas por los legisladores de ambos partidos.

En lugar de poner a disposición del departamento del Tesoro los 700.000 millones de dólares de una vez, los fraccionará. El Gobierno podrá usar 250.000 millones inmediatamente y otros 100.000 millones si el presidente Bush determina que los necesita. El Congreso puede retener los otros 350.000 millones si no está satisfecho con el desempeño del programa.

Los demócratas también han logrado introducir cláusulas para la protección del contribuyente. El proyecto establece un consejo de supervisión del programa, que incluirá al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Chris Cox, entre otros altos cargos. Además, los contribuyentes recibirán derechos de compra de acciones (warrants), con lo que se beneficiarán si las empresas que reciben la ayuda se recuperan.

El Gobierno también limitará los ingresos de los directivos de las compañías participantes en el programa. Los jefes de empresas en quiebra no podrán recibir beneficios multimillonarios cuando son despedidos, los cuales se conocen en el argot financiero estadounidense como 'paracaídas dorado'. También elevará los impuestos a empresas que paguen a sus directivos por encima de 500.000 dólares al año.

Asimismo, el secretario del Tesoro podrá renegociar los términos de las hipotecas que adquiera para ayudar a los propietarios de viviendas con problemas para pagar las letras a fin de evitar el desahucio. El proyecto también incluye una cláusula exigida por los republicanos de la Cámara, los más reacios a apoyar el programa. Esa disposición da al secretario del Tesoro la opción de requerir que los bancos compren seguros para cubrir su cartera de títulos vinculados a las hipotecas.