Puerto Rico, el callejón sin salida de «la Grecia del Caribe»

El desfile es una ocasión para reivindicaciones políticas -unos defienden pelear la independencia, otros avanzar hacia un estado de EE.UU. con todos los derechos, otros quedarse como están- y protestas sociales. Aquel día, muchas pancartas denunciaban el recorte del 11% en el programa de cobertura sanitaria estatal . Si el desfile se hubiera celebrado dos semanas después, su componente político hubiera sido todavía mayor.

Desde el 14 de junio hasta hoy, todo Estados Unidos ha vuelto la mirada al simpático estado libre asociado que proporciona a los estadounidenses magníficas playas para las vacaciones y alguna que otra estrella del pop. A finales del mes pasado, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció en una entrevista con «The New York Times» que la deuda de la isla es «impagable» y que era necesario sacarla de la «espiral mortal» en la que están envueltas sus finanzas públicas.

De golpe, la isla caribeña se convirtió en una amenaza para la estabilidad financiera de EE.UU. Mientras que la opinión pública del país observaba la evolución de los acontecimientos sobre la crisis de Grecia, una bomba de relojería, también en forma de deuda, estaba a punto de estallar en Puerto Rico. La isla debe 72.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) , lo que parece una minucia comparados con los más de 320.000 millones de euros que adeuda Grecia, pero ha despertado las alarmas en EE.UU.

El Gobierno de Barack Obama -que presiona a los líderes europeos para que acuerden más ayuda financiera a Grecia- negó cualquier posibilidad de rescate.

Poco después de las declaraciones de García Padilla, se presentó un informe de ex economistas del Fondo Monetario Internacional, solicitado por las autoridades de Puerto Rico, que detallaban la mala situación de la isla. «Problemas estructurales, “shocks“ económicos y la debilidad de las finanzas públicas han provocado una década de estancamiento, emigración y deuda», explica el informe, que firma Anne Krueger, ex subdirectora gerente de la institución.

Los sucesivos Gobiernos de Puerto Rico han engordado la deuda de la isla para tratar de mantener los servicios públicos sin ser capaces de activar su economía . Uno de los datos más preocupantes es el desempleo: mientras que el paro de EE.UU., que llegó a sobrepasar el 9% en el peor momento de la crisis financiera, se ha recuperado para alcanzar su nivel habitual cercano al 5%, en Puerto Rico no ha dejado de empeorar, y ha llegado al 12,4%.

La falta de oportunidades ha tenido un impacto socioeconómico tremendo : el 45% de los portorriqueños viven por debajo del umbral de la pobreza según el estándar estadounidense, un porcentaje que casi duplica al estado de la unión más pobre, Mississippi. Además, el 35% de los ciudadanos de la isla utiliza «food stamps»-programas de subvención para la compra de alimentos- y el 60% depende de coberturas médicas públicas para personas con pocos recursos como Medicaid o Medicare.

La desesperada situación que vive la isla ha podido ser una sorpresa para muchos estadounidenses, pero para los portorriqueños es un descenso a los infiernos que han vivido, escalón a escalón, en los últimos meses: se han cerrado negocios por falta de clientela, cientos de colegios se han clausurado por falta de financiación , se sufren cortes en el abastecimiento de electricidad y agua. Al mismo tiempo, los impuestos han subido para tratar de resucitar las arcas del Estado, pero solo han conseguido subir los precios y acabar con más actividad económica.

La situación de Puerto Rico es de bancarrota, pero la legislación estadounidense no le permite acogerse a las normas de quiebra para reorganizar su deuda con sus acreedores . Es algo que Detroit pudo hacer cuando sus arcas públicas tenían un agujero de 18.000 millones de dólares. Puerto Rico, por su condición de Estado Libre Asociado, convive con limitaciones financieras que no sufren otros miembros de la unión de pleno derecho.

El diagnóstico de Krueger es que Puerto Rico necesita cambios estructurales, ajustes fiscales y una reestructuración de su deuda. Mientras aumentan las presiones para que el Congreso de EE.UU. introduzca cambios legislativos que permitan a Puerto Rico acogerse a la normativa de bancarrota, García Padilla tiene mañana una reunión con sus acreedores para negociar una posible reestructuración de la deuda. No lo tendrá fácil. El acreedor con más dinero en juego -OppenheimerFunds, 4.400 millones de dólares, unos 3.900 millones de euros- ha criticado al gobernador y su «nueva retórica», que consider a una estrategia política para justificar recortes de gasto impopulares . «Su capacidad de pago sigue intacta», dijo la entidad inversora. Los portorriqueños, cada vez más ahogados a impuestos y recortes, probablemente tienen una opinión distinta.