El Congreso aprueba hoy una ley que regula pero no fomenta el crowdfunding

El «crowdfunding» -término bajo el que se aglutina a las distintas modalidades de plataformas que permiten prestar o invertir dinero en particulares o empresas- demandaba poder funcionar bajo un marco legal que dotara de mayor transparencia y visibilidad al nuevo modelo de negocio. Pero también esperaba que el Gobierno impulsara con esta primera ley -publicada ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 1 de abril y pendiente de su ratificación definitiva en el Congreso de los Diputados- su desarrollo. ¿Cómo? Apostando por esta vía de financiación alternativa al capital bancario con medidas tan eficaces como las que han puesto en marcha otras administraciones, como la británica.

«En Reino Unido, por ejemplo, no solo no existen restricciones, sino que el propio Gobierno ha prestado fondos a pymes a través de estas plataformas y ha favorecido fiscalmente a los inversores que las utilicen», subraya Arturo Cervera, fundador y director general de Comunitae.com, la primera empresa de «crowdlending» que comenzó a implantar este sistema en España en 2009.

Beneficios fiscales como señal de confianza. Esa ha sido una de las principales reivindicaciones que este «gremio» ha puesto varias veces sobre la mesa y, que sin embargo, desde el primer borrador no ha tenido cabida en ninguno de los artículos de la Ley de Fomento de Financiación Empresarial (LFFE), que es la que en su título V regula las plataformas de financiación participativa. Y tampoco se ha logrado introducir después como enmienda. La impresión para muchos es que el Gobierno no ha querido dar más que un prudente primer paso con el que no se espera andar mucho tiempo, lo justo para que se apruebe una directiva común europea.

«Es curioso que a la vez que se habla de la excesiva bancarización de las empresas españolas no se fomenta una Ley de financiación alternativa, simplemente nos limitan», compara Javier Villaseca, CEO de SociosInversores.es, la primera plataforma de «crowd- equity» del mundo -una modalidad que se refiere a la aplicación de este sistema al ámbito empresarial en lugar de al artístico-, que este emprendedor español puso en marcha en 2010.

Para Villaseca, se trata de una «Ley proteccionista, porque protege a las instituciones frente a algún caso de desacuerdo o incumplimiento en una operación, y no a los inversores, a los emprendedores o a las propias plataformas».

Punto en el que coincide con Cervera. «La ley -mantiene este último- es restrictiva, sobre todo en lo referente al pequeño inversor y en el tamaño de las operaciones que pueden ser financiadas. Tiene un claro espíritu de control del tamaño del sector hasta que se demuestre que puede jugar un papel importante en la economía financiera».

Para Javier Martín, autor del blog Loogic.com, una comunidad virtual de referencia para emprendedores y startups, «aunque se han suavizado algunos aspectos, la Ley sigue imponiendo una serie de condiciones que posiblemente “asfixien” a algunas de las plataformas que hoy existen». «Pero mi impresión -suaviza- es que en el cumplimiento de este reglamento no se va a poder ser muy estricto».

En el aire quedan aún flecos como «el desconocimiento de las multiples variedades de intermediación financiera que pueden darse a través de estas plataformas o de las distintas formas de funcionamiento de las mismas», afirma Cervera. «Se han agrupado en una misma ley -continúa- actividades muy diferentes, como son la participación en el capital de una compañía y la inversión en préstamos a particulares o pymes. Y falta por definir el tratamiento fiscal que debe darse a este tipo de inversiones».

Para estos tres profesionales de la oportunidad digital, «la financiación participativa es hoy una actividad con un potencial transformador impresionante, pero el texto de la Ley sigue yendo por detrás de la realidad que empieza a vislumbrarse».