El próximo Consejo de Ministros estudiará el recurso contra la resolución de Bruselas sobre el naval

Sin embargo, ha anunciado que este viernes llevará un informe al Consejo de Ministros en el que se solicita que el Gobierno que la recurra al Tribunal de Justicia Europeo. Al mismo tiempo propondrá también que se establezcan medidas cautelares para suspender la devolución efectiva de esas cuantías «mientras no se sustancie ese recurso», ha agregado.

El ministro de Industria ha matizado que «una cosa es que recurran las agrupaciones de interés económico, y otra el recurso que puede interponer España como estado ante una decisión de la Comisión Europea». Soria ha reconocido que tanto los trabajadores, empresas, astilleros, armadores y los financiadores de las operaciones, han estado y están «muy temerosos» por las posibles repercusiones que una decisión de esta naturaleza puede tener sobre ellos y más «si se tiene en cuenta que en una situación análoga como la de Francia no fueron requeridas las devoluciones de esas ayudas».

El ministro ha afirmado que «hay que respetar las actitudes de los trabajadores, empresas y sindicatos involucrados» , al tiempo que ha asegurado que el Gobierno va a intentar que «el impacto de la devolución sea el mínimo posible, siempre dentro del marco de la literalidad de la decisión».

Soria ha recordado que «en todo momento» lo que se le ha planteado al vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, son «argumentos jurídicos» porque desde el Gobierno cree que había fundamentos «más que suficientes». El ministro ha indicado que estos argumentos son los mismos que se esgrimirán porque están «convencidos» y porque hay miembros dentro de la Comisión Europea «como el vicepresidente que es el responsable de Industria», que este miércoles durante la celebración de la reunión del colegio de comisarios «argumentó la necesidad de que no tuviera que retrotraerse la devolución hasta 2007». Soria ha destacado que la decisión «acertada» es que «no se tuviesen que devolver ninguna cuantía más allá del momento en el que se puso la denuncia en 2011», ha finalizado.

En una entrevista previa a la cadena Ser, Soria ya había adevertido que «el Gobierno español irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos», ha subrayado Soria, que ha dejado claro además que siempre han empleado «argumentos jurídicos» para defender la posición española. Sobre las palabras de Almunia asegurando que «se han exagerado» las consecuencias de su decisión, Soria subrayó en la misma entrevista que los trabajadores «tienen todo su derecho» a defender sus puestos de trabajo , los astilleros y armadores a seguir fabricando y encargando barcos, y los inversores, a seguir apostando por el sector naval.