La resolución sobre las ayudas del naval español afecta a 200 buques
El sector y Hacienda revisan la letra pequeña del fallo de la Comisión Europea para determinar la cantidad final a devolver
M. V.
Ni el Gobierno ni los astilleros se aventuran todavía a dar una cifra aproximada de a cuánto asciende la cantidad final que el sector naval tendrá que devolver a las arcas públicas españolas después de que l a Comisión Europea declarase ayer ilegales las ayudas fiscales concedidas entre 2002 y 2011 a la construcción de buques ... . Lo que sí se sabe ya es que son unos 200 contratos financiados a través del «tax lease» los que se ven afectados por la resolución comunitaria, según ha informado este jueves el presidente de la patronal de los astilleros Pymar, Álvaro Platero.
Esa cifra corresponde con el número de buques construidos bajo ese sistema de desgravaciones fiscales en el periodo 2007-2011, sobre el cual Bruselas ha exigido la devolución de las cantidades deducidas por las empresas inversoras. De esta forma quedan absueltos de la resolución 73 embarcaciones que también se financiaron con esta fórmula pero entre 2005 y 2007, los dos años que el Ejecutivo comunitario exime finalmente de sanción.
Ahora el Ministerio de Hacienda tendrá que revisar uno por uno esos 200 contratos entre armadores y agrupaciones de interés económico para determinar en qué casos las bonificaciones fiscales se ajustaban a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales y cuáles no, y por tanto fijar la cantidad final a reembolsar por esos inversores.
Factura menor y más plazo
La dificultad de esa tarea de revisión hace pensar al sector que el Ejecutivo popular ha recibido del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, margen suficiente para minimizar el coste final de la factura. Además, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el ministro Cristóbal Montoro podría alargar el plazo oficial de cuatro meses para recaudar ese dinero sin riesgo de multa por la cmoisión.
La dirección de recuperación de ayudas de la Comisión vigilará el proceso, pero en el sector se cree que Almunia lanzó también ayer un guiño en este sentido. «Bruselas garantiza que, sobre la base del respeto a las normas, el control que se lleve a cabo no será un obstáculo para el futuro que deseamos brillante del sector español», dijo el comisario. Y de esas palabras los astilleros entienden que esa supervisión no será exageradamente estricta.
«Esperamos seguir contando con el apoyo del Gobierno y confiamos en que Hacienda hará todo lo posible para minimizar el coste de la resolución», ha dicho Platero durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, quien en todo caso ha negado que el Gobierno tenga carta blanca para realizar una condonación.
A la espera de 40 nuevos contratos
En todo caso, la patronal ha cambiado sustancialmente su discurso en cuestión de horas. La resolución finalmente aprobada ayer por el colegio de comisarios de la Unión Europea es la que ya había avanzado Bruselas el pasado lunes y que el sector había tachado de «absolutamente insuficiente» y perjudicial para el futuro de los 19 astilleros privados y los 87.000 empleos que de ellos dependen. Ayer, tras conocerse la sentencia, la patronal mostró cierto optimismo y descartó el cierre de ninguna grada. Un cambio de valoración que Platero achacó a la «letra pequeña» del último borrador. «La resolución todavía puede hacer mucho daño, depende de cómo se aplique», ha matizado en todo caso el empresario.
Los astilleros confían en que el proceso de cuantificación y devolución de las ayudas fiscales se cierre cuanto antes y puedan empezar a operar ya con el nuevo régimen de incentivos, un nuevo «tax lease» negociado entre España y la Comisión y en vigor desde el pasado mes de diciembre. Platero ha avanzado en este sentido que las 19 gradas españolas están ya pendientes de hacerse con la construcción de 40 buques valorados en unos 2.000 millones de euros, y que la incertidumbre sobre la resolución de ayer había dejado en el aire .
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