El naval podría perder contratos de 2.000 millones por el castigo de Bruselas
La devolución de casi 3.000 millones en ayudas dejaría sin empleo a 86.735 trabajadores
E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA
El sector naval no acepta el jaque mate de Bruselas . Dispuesto a mover ficha al precio que sea, no da la partida por finalizada y sienta en un frente común, formado por Industria, gobiernos autonómicos, patronal y sindicatos, su estrategia ante el desafío de ... la Unión Europea. En el centro de la diana, el comisario de Competencia al que se acusa de poner la «soga al cuello» a una industria que «lleva dos años en la UVI». Pese a que no será hasta el 17 de julio cuando el colegio de comisarios se pronuncie sobre la devolución de los cerca de 3.000 millones -1.700 corresponden a Galicia, donde se concentra el 42% de los astilleros privados y el 60% de la actividad- recibidos en concepto de bonificación fiscal (2005-2011), Joaquín Almunia adelantó su «certificado de defunción».
Como si la decisión estuviera ya tomada, el hecho de que el parlamentario europeo haya avanzado que el reintegro del tax lease pesará sobre armadores y financiadores no tranquiliza al sector, que sabe bien que será el principal damnificado de un fallo que «condena al sector a su desaparición» . Aseguran que «los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los financiadores cortarán el grifo del crédito». La defensa de los astilleros se basa en «el caso francés», cuya denuncia se saldó con sentencia de condena sobre el sistema, pero no tuvo que devolver las ayudas.
Las consecuencias de un dictamen desfavorable sobre el expediente abierto a España pueden ser nefastas, máxime en un escenario en el que la industria naval se ve incapaz de remontar el vuelo tras la denuncia presentada por Holanda que derivó en la suspensión del anterior sistema de rebaja fiscal en junio de 2011.
La aplicación del ordenamiento jurídico europeo en la que se escudó el vicepresidente de la CE para justificar la devolución de las ayudas, supondría la pérdida de unos 40 nuevos contratos cuya facturación supera los 2.000 millones y de 86.735 empleos que dependen de esta industria. Un importante revés con reflejo en la quiebra de los 19 astilleros privados que hay en España, toda vez que la corrección de la incompatibilidad del tratamiento fiscal a la compra de buques y la implantación de un nuevo sistema había supuesto un balón de oxígeno para una industria encallada en dique seco.
La atonía del mercado por la crisis tuvo especial impacto en la industria naval a partir de 2010. La falta de nuevos pedidos; problemas de financiación; exceso de capacidad de producción en la construcción; pérdida irreversible de empleo, sumada al anuncio de nuevos despidos y un número cada vez mayor de suspensiones de pago; así como el cierre de astilleros y empresas relacionadas con ellos, se hizo notar en 2011, año en el que la industria naval española recibía su peor mazazo con la suspensión del tax lease. Mientras que la producción en los astilleros públicos era nula, la de los privados se redujo un 57% respecto a 2008.
En los picos de mayor demanda el sector naval privado, que daba empleo a 25.000 personas , llegó a captar cerca del 20% de los pedidos internacionales conseguidos por los astilleros europeos y alcanzó un volumen de exportaciones superior a 1.200 millones.
Las cifras de contratación con 39 buques en 2012 en la cartera de los astilleros españoles (en su mayoría se ubican en Galicia, País Vasco y Asturias), distan mucho de las logradas en el 2000 (578), 2003 (193) o en 2007 (528). En 2007, con el mercado financiero parado completamente, solo se firman 80 contratos, y tras el repunte de 2010 (148), en 2011 solo se adjudican 58.
Una caída acelerada de la actividad que llevó al cierre de astilleros emblemáticos como Unión Naval de Levante (Valencia, los astilleros de Sevilla, y de Huelva, Naval Gijón, M. Cíes en Vigo o la Unión Naval de Barcelona, junto a docenas de industrias auxiliares.
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