Galicia, Asturias y País Vasco se unen al Gobierno en defensa del naval

Almunia, que investiga el «tax lease» desde 2011 a petición de Holanda, considera que esos beneficios fiscales son incompatibles con la legislación europea de ayudas de Estado y que por tanto el sector -armadores y empresas como Inditex y El Corte Inglés que financiaban la construcción de buques para aplicarse esas exenciones- debe reintegrar esa cantidad. Así consta en el borrador de resolución diseñado por el socialista y que el próximo día 17 será votado en el colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, firmó ayer una declaración conjunta con los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas y la patronal en la que solicitan la celebración antes del 4 de julio -es decir, hoy mismo o mañana como tarde- de una reunión. Gobierno, autonomías y sector reclamarán a Almunia que «reconsidere» su postura. De no hacerlo, y antes de que la resolución llegue a Bruselas para ser discutida, Soria tratará de concertar también un encuentro con el presidente de la Comisión Europea , José Manuel Durao Barroso, según informó ayer el propio ministro en rueda de prensa.

En esos encuentros estarán presentes el ministro, los responsables autonómicos y la patronal; los sindicatos solicitaron ayer tarde a Soria sumarse a ellas. «Hemos firmado una declaración conjunta donde pedimos al vicepresidente responsable de Competencia que reconsidere ese anuncio», explicó Soria, quien insistió en defender «la no devolución de las ayudas» .

El Ejecutivo conservaría una última baza en caso de que la resolución sea ratificada con la propuesta de Almunia. Entonces, Industria, tal y como insinuó ayer el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y como avanzó el pasado jueves el presidente de Pymar, Álvaro Platero, recurriría la decisión ante la justicia comunitaria . El sector recuerda eso sí que una sentencia al respecto se demoraría lo suficiente como para que entre tanto los 19 astilleros afectados cierren y con ello se destruyan los 87.000 empleos en juego .

Argumentos jurídicos

«No podemos aceptar una propuesta de la Comisión que se toma después de un Consejo Europeo que apuesta por el empleo, es una incoherencia», espetó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recordando el reciente acuerdo de los líderes europeos para estimular la creación de empleo en los países con más apuros del Viejo Continente. En la misma línea, Soria considera que la devolución de las ayudas iría «justo en la dirección opuesta» a los objetivos de reindustrialización europeos .

Tanto Feijóo como Fernández y el lendakari, Íñigo Urkullu, en representación de las comunidades de origen de 17 de esos astilleros -otros dos están en Baleares y Canarias-, coincidieron en señalar además que existen «argumentos jurídicos bien fundamentados» contrarios a la devolución de esos 2.800 millones de euros y exigen que España reciba el mismo trato que se dio en su día al naval francés.

La Comisión Europea investigó también en 2005 a Francia por los incentivos fiscales que otorgaba a sus astilleros y los prohibió, pero en ese caso no exigió el reintegro de las cantidades percibidas por ese modelo. Almunia defiende que una vez resuelto el caso galo, las autoridades españolas deberían haber parado en 2005 el «tax lease», que venía aplicando desde 2001.

En cambio, Feijóo defendió ayer que el «tax lease» es propio de la legislación española y no una ayuda procedente de fondos europeos y criticó que se esté poniendo en entredicho el cumplimiento por parte de las empresas esa normativa nacional. De aprobarse la resolución de Almunia, «se estaría enviando un mensaje de inseguridad jurídica a armadores e inversores que España no se puede permitir», dijo el presidente gallego, respaldado por Soria, que hizo referencia a los principios de confianza y seguridad legítimas con que actuaron los astilleros. Platero, al respecto, alertó de una posible fuga de inversores y recordó a Almunia que el naval se encuentra en una guerra comercial en la que países como Holanda denuncian a otros como España cuando se ven amenazados por la competitividad de la industria de otros países como el nuestro.