Rajoy anuncia que dará la batalla para que el naval no tenga que devolver las ayudas

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Rajoy hizo referencia a este asunto a instancias del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que se ha interesado por el nuevo sistema de arrendamiento financiero para buques y por el futuro de las ayudas ya recibidas. «El Gobierno está apoyando plenamente al sector naval, mantenemos un diálogo constante y fluido con ellos, y los servicios jurídicos del Estado llevan meses trabajando en esta cuestión para defender con los mejores argumentos jurídicos la no devolución de las ayudas. Defendemos nuestros intereses con sólidos argumentos técnicos y jurídicos y espero que las cosas salgan bien para que no se produzcan indeseados efectos», añadió.

A renglón seguido, el presidente recordó que cuando tomó posesión de su cargo el sector naval atravesaba «dificultades muy importantes» por la investigación abierta por la CE relativa al sistema de financiación de buques, coyuntura que «agravaba la ya complicada situación causada por la crisis, que había provocado el cierre de algunos astilleros». Sin embargo, se «agilizaron las negociaciones con la UE y tras meses de intensas negociaciones se consiguió un nuevo régimen fiscal que permitirá que los astilleros españoles puedan competir internacionalmente», indicó. «Después, con la máxima celeridad, hicimos los cambios necesarios en la normativa fiscal española. Ahora queda pendiente que hagamos esfuerzos para que no proceda devolver las ayudas del anterior régimen fiscal», zanjó para reconocer, a renglón seguido, la importancia de un sector que «genera muchos empleos directos e indirectos y goza de un alto valor añadido al estar centrado en buques de alto contenido tecnológico».

Por su parte, Esteban expresó su «preocupación» con la posibilidad de que las autoridades comunitarias obliguen a devolver las ayudas recibidas por las navieras como consecuencia del tax lease porque «supondría el fin de la construcción naval, la destrucción de 87.000 empleos directos e indirectos en Galicia, Asturias y el País Vasco; la reducción de los ingresos (públicos) y el aumento del déficit comercial». «Es cierto que en noviembre del año pasado España recibió la autorización de las instituciones europeas para un nuevo sistema de arrendamiento financiero. Sin embargo, la situación sigue siendo dramática y la no clarificación del sistema de arrendamiento anterior es una auténtica losa que urge esclarece», insistió.