Hacia el internet ultrarrápido

Los grandes operadores europeos de telefonía, los únicos con músculo para desplegar estas infraestructuras, habían rechazado hasta ahora invertir en ellas alegando que la regulación actual no hace rentable ese desembolso. Los españoles esgrimen, por ejemplo, que la marañana de normas estatales, autonómicas y hasta locales, en ocasiones contradictorias entre sí, supone un obstáculo para sus planes de inversión en esa nueva red.

De hecho, una de los objetivos de la norma diseñada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que actualizará la ley vigente, de 2003, es recuperar la unidad de mercado en materia de telecomunicaciones, de forma que las normas regionales se adapten a las estatales. De igual modo, el Ejecutivo popular se propone regular aquellas redes públicas desplegadas por algunos ayuntamientos —como redes «wifi» de acceso gratuito— y que según los teleoperadores suponen una competencia desleal.

La norma simplificará además los trámites y cargas administrativos «para que los operadores inviertan en el despliegue de nuevas redes», dice el anteproyecto. Hasta ahora en España solo Telefónica, Orange y Jazztel —además de los operadores por cable, como ONO, Euskaltel y R— han empezado a instalar sus redes de fibra óptica o se han comprometido a hacerlo.

La compañía presidida por César Alierta, que pretende conectar tres millones de los hogares españoles con red de fibra óptica de 100 megas antes de 2016, ya ha «pasado» un total de 1,5 millones de hogares tras invertir 600 millones en los dos últimos años. Y tiene previsto seguir invirtiendo unos 300 millones anuales hasta 2015. Además, ha firmado un acuerdo con Jazztel por el cual esta compañía se compromete a realizar antes de abril de 2014 un esfuerzo semejante al que Movistar ha hecho ya. Por su parte, Orange anunció una inversión de 300 millones para los próximos cuatro años.

Industria, que recuerda que el sector representa el 3,5% del PIB español y da empleo directo a 74.824 trabajadores, calcula que son necesarios unos 25.000 millones en los próximos ocho año para que en 2020 todos los hogares dispongan de banda ancha. Pero esos tres operadores han comprometido una inversión conjunta de «solo» 2.400 millones hasta 2015.

La situación es la misma en toda la UE, frente a la mayor penetración de estas redes en EE.UU. y Japón. La Comisión Europea estima que se necesita una inversión de 270.000 millones hasta 2020. Un esfuerzo cuyo grueso llevarán a cabo los gigantes del sector: Telefónica, Deutsche Telekom, France Télécom y la holandesa KPN.

Otro de los argumentos esgrimidos por estos operadores para retrasar su inversión es la obligación que les impone actualmente Bruselas de rebajar los precios mayoristas en la red de cobre -el alquiler que cobran los operadores con red a los que no la tienen para usar las suyas- y que según estos reducen sus márgenes, imposibilitando esa inversión.

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, anunció el pasado mes de julio que el Ejecutivo comunitario presentará un nuevo marco legal «estable» —vigente hasta 2020— que deja de exigir esas rebajas en los alquileres de la red. Además, rechaza regular el acceso futuro de los operadores alternativos o sin red a las nuevas redes ultrarrápidas que desplieguen los grandes operadores, de forma que no se impondrá ese alquiler obligatorio como se hace ahora con el ADSL sobre el par de cobre.

«El objetivo es limitar la regulación a lo estrictamente necesario», explicó entonces Kroes en una enmienda total a su propia política, pues hasta entonces defendía lo contrario: que una rebaja de esos alquileres incentiva la inversión y reduce la factura de los clientes al favorecer la entrada de operadores de bajo coste en el mercado y aumentar la competencia.

«Es una muy buena noticia porque supone abandonar una regulación basada solo en precios y adoptar otra centrada en incentivar una inversión muy necesaria», valoraban en verano desde Telefónica. «Abre la puerta a que el regulador local tienda a favorecer a las compañías que realizan inversiones frente a las que no las hacen», decía un informe de JB Capital Markets.

Los analistas pronostican que este cambio mejorará la confianza de los inversores en los operadores. Según fuentes del sector, la depreciación en Bolsa que estas compañías están sufriendo es precisamente un castigo por lo que consideran un entorno regulatorio incierto. La futura normativa europea y la actualización de la legislación española podría revertir esta situación. «El sector merece revalorizarse cerca de un 50%», decían en su análisis los expertos de HSBC tras el anuncio de Kroes. Esos informes estiman incluso que el sector crearía dos millones de empleos nuevos y aportaría 900.000 millones de euros al crecimiento de la economía europea.