La juez rechaza que el Barça sea acusación en el caso Negreira

En un auto fechado el 26 de junio, la magistrada Silvia López Mejía, señala que «resulta contradictoria la pretensión del FCB de personarse en su condición de perjudicado cuando en una comparecencia pública el actual presidente, Joan Laporta, el pasado 17 de abril, afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club, explicando las conclusiones preliminares del Informe de Compliance del que no se deprende la existencia de daño patrimonial alguno» para el Barça.

En su escrito, el equipo azulgrana argumentó que, tanto la querella de Xavier Estrada como la denuncia de la Fiscalía, plantean que su patrimonio se habría administrado de forma indebida causándole así un perjuicio, con independencia de que se haya prestado un servicio real y efectivo de asesoramiento técnico arbitral por parte de Negreira. Un servicio que se habría facturado doblemente, formalizándose, además, a través de mercantiles -Dasnil SL y Nisdal SCP- interpuestas que recibían una comisión. Ese fue el motivo por el que el Barça apuntó ser sujeto pasivo del delito, para ostentar así la doble condición de investigado y acusación particular.

Para denegarla la juez sostiene que el delito de administración desleal castiga a los que causen un perjuicio en dicha administración de patrimonio ajeno -como la disminución de patrimonio-. Por eso, apunta, «tal y como sostiene el Ministerio Fiscal en su denuncia, lo que se plantea en esta causa es que la administración indebida se llevó a cabo por los representantes legales -del club- o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma».

Además, en sendos escritos, la magistrada ha prorrogado el secreto de las actuaciones durante un mes más. Y también ha admitido a un particular como acusación popular.

Entre las diligencias que ha ordenado el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que el Barça le remita los informes a los que Laporta hizo referencia en su comparecencia el pasado abril. También que el club identifique a las personas de su área económica «con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados» del equipo.

A la Federación Española de Fútbol la juez ha solicitado la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad, mientras que a Hacienda y a la Seguridad Social la instructora ha requerido varios datos financieros de Negreira, su hijo, sus empresas y sus empleados.