El Supremo ordena a Cataluña devolver las pinturas murales de la sala capitular del Real Monasterio de Sijena

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Érika Montañés

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El Alto Tribunal ordena en una sentencia de la Sala de lo Civil de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá que las pinturas murales de la sala capitular del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) vuelvan a casa. Estas pinturas fueron retiradas o 'expoliadas', como defienden en la zona, tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, y llevadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para su restauración y conservación en régimen de depósito, pero nunca fueron devueltas a su lugar de origen.

La Audiencia Provincial de Huesca ya dictó una sentencia (el 2 de octubre de 2020) que ordenaba su reintegración al monasterio, pero la Generalitat interpuso un recurso de casación. Ahora, cinco años después, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia y ha condenado al MNAC a restituir las piezas, consideradas una de las joyas del románico europeo. La sala mural de este lugar, con escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento, está considerada por los expertos como la «Capilla Sixtina» del románico europeo.

El Supremo determina en su auto que el MNAC no es dueño de las pinturas, sino que los murales fueron «arrancados» de la sala capitular del Monasterio de Sijena e ingresaron en el museo mediante depósito. Además, recuerda que Aragón actúa por la cesión para este ligitio jurídico de la comunidad religiosa titular del Real Monasterio enclavado en la comarca oscense de Los Monegros, que no es otra que las religiosas sanjuanistas (aunque el cenobio lleva cuatro años sin monjas) y la orden hospitalaria de Malta.

Así, con respecto al otro aspecto que generaba controversia, la propiedad de las piezas, el Alto Tribunal estima que el título que legitimaría al MNAC a poseer las pinturas es un documento-contrato que no se ha acreditado y que quien figura en él es la priora del Monasterio de Valldoreix, que no representaba al Monasterio de Sijena.

El fallo establece también que la acción reivindicatoria no ha prescrito, basándose en la jurisprudencia que deriva de una sentencia de 2012 de este mismo tribunal, que establece que la acción reivindicatoria no se extingue si el demandado no ha regularizado la posesión del bien. El Supremo confirma la orden de devolución que ya determinó la Audiencia Provincial de Huesca hace cuatro años y contra la que la Generalitat recurrió.

Aunque ha convocado para mañana a las 13.30 horas a una rueda de prensa para valorar expresamente esta sentencia, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado la sentencia en sus redes sociales. «Siento una inmensa satisfacción que se verá culminada cuando podamos contemplar las pinturas en su emplazamiento original», ha expresado en la red social X.

En el texto, el presidente aragonés echa la vista atrás, como ya hizo recientemente en un acto de reapertura del monasterio, que fue el gobierno de la entonces dirigente popular Luisa Fernanda Rudi el que inició el proceso judicial para recuperar las pinturas de la sala capitular. Una labor que continuó Javier Lambán, expresidente del Gobierno aragonés. En palabras de Azcón, la resolución del Supremo «zanja categóricamente el litigio a favor de los aragoneses y la integridad de su patrimonio cultural».

En concreto, el Real Monasterio de Villanueva de Sijena ha reabierto sus puertas tras tres años de reforma para exhibir un tercio de los bienes ya recuperados desde el Museo de Lérida y que salieron en el mismo momento, pero que sendas sentencias judiciales ordenaron restituir. En el primer mes de apertura, y con solo cuatro días de visita a la semana, Sijena ha batido récords y cerca de 3.000 personas han acudido al cenobio de nuevo a ver el estado de las obras y recorrer, con visita guiada obligatoria, el templo del siglo XII que ordenó construir la reina Doña Sancha para tener el primer cenobio femenino de la Corona.

Las reacciones a la sentencia desde Catalunya no se hicieron esperar. El propio Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, habló de «despropósito» y puso en duda la posibilidad de trasladar dichas pinturas murales sin «poner en riesgo muy alto de destrucción» las piezas. De la misma opinión era el ex conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, que precisamente fue a juicio por negarse a entregar piezas del Mnac y el Museo de Lleida a Sijena en 2017. «Esta decisión provocará unos daños irreversibles a una parte del patrimonio cultural catalán», sentenció.

La vuelta de los bienes de Sijena a su lugar de origen fue visto desde los gobiernos independentistas de los años duros del procés como un ataque directo del Gobierno y sus instituciones contra Cataluña, una opinión que diez años después no ha cambiado. La también ex consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, habló de «catalonofobia institucional». «Todo vale contra Cataluña, hasta la venganza, la barbarie y la destrucción», sentenció.

Actualmente, a nivel institucional, con el gobierno socialista de Salvador Illa, domina la prudencia. Albert Dalmau, consejera de la Presidencia, insistió en que primero han de estudiar la sentencia y aseguró que: «La prioridad de la Generalitat es preservar la integridad y la buena conservación de estas piezas».

Por su parte, Sonia Hernández, consejera de Cultura de la Generalitat, en una rueda de Prensa de urgencia, insistió también en mantener la prudencia y esperar a lo que indiquen sus expertos jurídicos. Aseguró que ha hablado con el patronato del MNAC, que consta de miembros tanto del Gobierno como de la Generalitat, para valorar los pasos a seguir y que no hay nada decidido. «Nuestra prioridad es la preservación del patrimonio. De momento, no sabemos quién se haría cargo del traslado, ni cómo se realizaría, pero nuestros informes insisten en el peligro de una operación de este tipo», aseguró.

Ese es el principal elemento de choque entre Cataluña y Aragón, el presunto riesgo del traslado de las pinturas murales. Los expertos de un lado y del otro parecen hablar de obras distintas. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, señaló que garantiza «la integridad de todas las obras que tienen que ver con su historia». Y reconoció «optimismo» por la decisión judicial que se esperaba desde hace cuatro años (y treinta desde que cambiaron los límites diocesanos ordenados por la Santa Sede entre el Obispado de Barbastro y el de Lérida).